La piratería de software es un deporte nacional y los campeones son santafesinos. El índice de clandestinidad en la materia alcanza al 58 por ciento a nivel país -por encima del promedio mundial de un 37 por ciento-, pero en la provincia la tasa alcanza a un 83 por ciento, según los datos recabados por Software Legal, una ONG que defiende los intereses de las compañías líderes del sector, entre ellas Microsoft. Asimilados por la ley de protección de propiedad intelectual desde 1998, hoy las empresas libran una ofensiva a dos manos para "blanquear" el mercado. Una esgrime una parte una política de concientización de los usuarios, la otra el garrote de la ley, con acciones civiles y penales contra los infractores, que corren el riesgo de terminar en la cárcel. Software Legal promovió esos juicios, y se esperan que salgan algunos fallos aleccionadores para los próximos días.
El mercado de software de la Argentina brinda empleo a caso 17 mil personas y por cada puesto de trabajo en una empresa desarrolladora se estima que se crean 5,5 puestos adicionales en las industrias colaterales, como gráfica, distribución y capacitación.
Según Software Legal, una reducción del índice de piratería del orden del 15 por ciento en Argentina permitiría la creación de más de 5.200 puestos anuales. Estiman además que si para el año 2002 la tasa de piratería informática cayera a niveles de los países desarrollados, en el orden del 25 por ciento, la industria podría contar con más de 62.000 empleos y contribuciones al fisco por contribuciones fiscales.
Aunque las principales compañías que sostienen esta campaña son las que introducen al país los productos enlatados más sofisticados, Software Legal entiende que los principales perjudicados son los empresarios locales del sector, que desarrollan productos de menor envergadura. La razón es que el software local termina compitiendo con enlatados que tienen precio cero, ya que nadie paga por ellos (Ver página 9).
La visión de algunos referentes locales del sector es distinta. Coinciden en que la masividad de la piratería los perjudica, pero no dejan de cuestionar las estrategias de las grandes compañías. "Primero ellos propician la piratería de sus programas para masificarlos y convertirlos en genéricos, generando así la dependencia de los usuarios, y después se acuerdan de que a los programas hay que pagarlos", dijo en off de record un empresario rosarino.
El perfil de los piratas
Entre los delitos más frecuentes se incluyen la falta de licencias de uso para la totalidad de los puestos en que se encuentra instalado el software, la comercialización de copias falsificadas de productos, instalación de software sin licencias en PCs comercializadas por empresas de informática (generalmente equipos sin marca), la distribución electrónica ilegal de software y la copia clandestina de CD Roms.
Las pérdidas por piratería durante el año 2000 para la industria del software local, incluidas empresas nacionales y extranjeras, sumó 114 millones de pesos. Esta evasión surte efectos en todos los niveles y escalas de la industria, incluyendo programadores, distribuidores y vendedores de programas.
El peso de la ley
Al ser reconocido como propiedad intelectual, el productor de software goza de leyes de protección, que fueron validas en la Argentina en 1988. Las penas previstas por la legislación nacional prevé penas que van de un mes a seis años de prisión.
En más de 220 allanamientos realizados a instancias de Software Legal se detectaron robos por más de 20 millones de pesos. Y en mayo del año pasado la Justicia dictaminó la primera condena a prisión para un vendedor de software pirata.
La ofensiva judicial desatada por estos días sólo deja de lado a los usuarios hogareños, porque el blanco está en reproductores de CD truchos, armadores de equipos de PC, y empresas que no pagan las licencias por el copiado del software en la mayor parte de sus equipos. Prometen que van a hacer mucho ruido.
La Ciudad
