El gobierno entregó ayer datos de alrededor de 1.500 víctimas judías del terrorismo de Estado a una comisión especial que llegó desde Israel conocer el destino de los desaparecidos de esa colectividad.
Los miembros de esa comisión se entrevistaron esta semana con unos 50 familiares de judíos que estuvieron detenidos ilegalmente en centros clandestinos. En esos encuentros muchos de los parientes de las víctimas se quejaron porque el Estado de Israel no se había ocupado ahora ahora del asunto.
"Mejor tarde que nunca", contestó varias veces Eddy Kaufman, profesor de derechos humanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y miembro de Amnistía Internacional para Sudamérica entre 1978 y 1985. Por su parte, el presidente de la comisión, Pinhas Avivi (quien fue cónsul israelí en Buenos Aires durante la dictadura), también se mostró conmovido ante esas quejas. "Escuchar lo que pasó remuerde un poco la conciencia", comentó.
Precisamente, el periodista judío Herman Schiller se negó a testimoniar ante esa comisión porque -dijo- "no queremos ser cómplices de la autoamnistía que el gobierno israelí ha desatado para blanquear su complicidad con la dictadura, especialmente a raíz de la venta ilegal de armas".
"El Estado de Israel debería pedir perdón a las víctimas por haber priorizado las relaciones comerciales con el régimen militar antes que la lucha por la justicia", sostuvo en un comunicado Schiller.
Avivi rechazó esas acusaciones y aseguró que la embajada no está relacionada a la venta de armas y que la Daia está investigando cómo actuó la comunidad judía en aquella época para saber si se cometieron errores.
Desde hace un año, en Israel se formó una comisión para esclarecer qué pasó con dos ciudadanos israelíes Mauricio Wainstein y Alejandra Jaimovich y con los ciudadanos argentinos de la religión judía que sufrieron los tormentos de la dictadura.
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La Ciudad
