El gobierno nacional y las provincias afrontarán esta semana una discusión decisiva para el manejo de sus finanzas públicas al ponerse en marcha un nuevo capítulo de las negociaciones por el reparto de la coparticipación federal de impuestos. La discusión es fruto del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington hace una semana, mediante el cual la Argentina accedió a un auxilio financiero de 8.000 millones de dólares destinado a recomponer las reservas financieras y alejar los temores de una cesación de pagos.
Un punto de lo arreglado con el Fondo postula que las provincias se sumarán a la política de déficit cero asumida por el país, pero los gobernadores se muestran reticentes a comprometerse en esa dirección, al tiempo que advierten que se descontrolará la situación en el interior. La puja, sin dudas, será de alta tensión.
Cuando se anunció el acuerdo con el FMI, el jefe de Gabinete, Crystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguraron que no se iban a tocar los fondos comprometidos en el pacto fiscal para las provincias, que parten de una suma fija asegurada por 1.364 millones mensuales, según lo acordado en noviembre de 2000. Sin embargo, el jueves pasado Cavallo les adelantó a legisladores del radicalismo que esa pauta deberá ser dejada de lado.
Fuentes del Palacio de Hacienda dejaron trascender ayer que el déficit de recaudación fiscal de julio sumará un ocho por ciento, lo cual obligará a efectuar recortes adicionales por encima de los que ya están previstos para salarios y jubilaciones estatales (ver aparte). Por ende, los recursos de coparticipación, que estuvieron llegando a las cansadas a las provincias durante los últimos meses pasan a estar en la mira.
En declaraciones a un diario porteño, el ministro Cavallo dijo ayer que la Nación sólo puede distribuir los impuestos que recauda: "Antes se repartía la emisión monetaria y los pactos federales de los últimos años también repartían el crédito. Como eso dejó de ser relevante porque no tenemos nuevo crédito, lo que sigue vigente es la coparticipación de impuestos. Y de todo lo que se recaude, la Nación transferirá día por día el porcentaje que les corresponde a las provincias". Del piso, ni hablar.
Cavallo agregó que "cómo no hay dinero para repartir, en lugar de pelearnos por lo que no existe habrá que trabajar juntos para recaudar más". Con la ruptura del pacto fiscal en ciernes, será hora de barajar y dar de nuevo. Por lo pronto y a dos meses de las elecciones legislativas, la reacción de los gobernadores del justicialismo no fue homogénea. Allegados al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf se la tomaron con calma, mientras que el mediterráneo José Manuel de la Sota salió a descalificar toda posibilidad de romper las reglas de juego. En el medio, el gobernador Carlos Reutemann, que hace poco amenazó con iniciar un juicio a la Nación por los incumplimientos de coparticipación, ahora se muestra cauteloso. "Suponemos que si a fin de mes la Nación no tiene los fondos de recaudación no va a poder mantener el piso", había anticipado el Lole con clarividencia el martes último en Rosario.
Las cartas se pondrán sobre la mesa mañana en Buenos Aires, cuando Colombo reciba a los gobernadores del justicialismo. Muchos de ellos adelantaron que si se dispone un recorte de las partidas provinciales algunos distritos se tornarán ingobernables por la problemática socioeconómica.
Por el otro lado, el gobierno no parece tener alternativa a la aplicación a rajatablas del déficit cero. Voceros del FMI anticiparon que si no se cumple con esa pauta hasta marzo de 2002 se anulará el segundo desembolso de 3.000 millones de dólares destinado a impulsar una reestructuración para descomprimir los compromisos de la deuda.
El diputado justicialista Jorge Remes Lenicov se mostró ayer de acuerdo en reformular la ley de coparticipación, pero criticó que se hayan puesto en duda los giros comprometidos para las provincias.
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La Ciudad
