El justicialismo y el radicalismo le advirtieron al gobierno nacional que no hay margen político en el Senado para aprobar nuevos ajustes o leyes socialmente sensibles como compensación de la ayuda que gestiona el equipo económico con el FMI. La aclaración surgió después de que desde el Ejecutivo se realizó un sutil sondeo a los máximos representantes de cada bloque para ver qué ánimo había para el caso de que las exigencias del organismo internacional incluyan reclamos como la privatización del Ansés o el Pami, la total desregulación de las obras sociales o la adaptación de las partidas coparticipables al recorte del 13 por ciento.
Las gestiones, como ocurre habitualmente en la relación con el Congreso, estuvieron a cargo del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien en distintas circunstancias conversó con el justicialista José Luis Gioja y el radical Jorge Agúndez y obtuvo idéntica respuesta: "En el Senado no hay más margen para nuevos ajustes".
Según indicaron fuentes oficiales, Colombo se comunicó con Gioja en forma telefónica el jueves, y con Agúndez se reunió en Casa de Gobierno el viernes a la mañana.
"Le hemos hecho saber que no hay posibilidades para leyes como el ajuste fiscal. Tendrán que usar los decretos y las facultades delegadas", explicó Gioja.
Después de las urnas
Cuando fue consultado específicamente por las iniciativas que estarían reclamando desde Washington, como la privatización del Ansés y el Pami, o la desregulación de las obras públicas, el senador sanjuanino respondió: "Son cosas muy pesadas. Al menos hasta las elecciones no creo que puedan salir".
Agúndez, que concurrió a la Casa de Gobierno para hablar de temas provinciales, encontró como contrapartida un disimulado auscultamiento, porque Colombo quería saber cómo están las cosas en el Senado después del ajuste fiscal.
"Yo creo que va a haber tres o cuatro sesiones más antes de las elecciones, pero serán para aprobar proyectos con sentido productivo o algún efecto social. Olvídense de que pueda haber consenso para temas conflictivos", le contestó Agúndez según un testigo del encuentro.
Mucho más contundente aún fue su colega Leopoldo Moreau, quien en forma indirecta hizo llegar un claro mensaje al gobierno: "Cualquier compromiso que asuman con los organismos financieros debe ser aprobado por el Congreso".
De acuerdo con el relato de legisladores consultados, el gobierno aún no tiene la certeza de que las exigencias del FMI deban cobrar la forma de leyes, ya que podrían concentrarse específicamente en el cumplimiento del promocionado déficit cero.
Pero al mismo tiempo, supieron que la misión encabezada por Daniel Marx fue insistentemente interrogada sobre las opciones y los márgenes que maneja el gobierno para el caso que la caída de la recaudación no pueda ser compensada con la poda dispuesta en la ley de ajuste fiscal y en los sucesivos decretos.
Por su parte, tanto los gobernadores peronistas como el consejo nacional del Partido Justicialista se encuentran preparando un documento, que probablemente sea difundido esta semana, donde critican la falta de "imaginación" del gobierno delarruista para enfrentar la crisis (ver página 10).
Disgusto oficialista
El clima en el Senado se vio muy afectado con la polémica sanción del déficit cero. El radicalismo no pudo contener a todos sus miembros y el justicialismo debió sortear un fuerte debate interno antes de favorecer su sanción. Así y todo pagó altos costos, porque hubo muchos senadores que quedaron muy sensibilizados e inclusive tres -Osvaldo Sala, Eduardo Arnold y Daniel Baum- decidieron formar un subloque propio.
Este endurecimiento de las posiciones en el oficialismo y en la oposición tiene como correlato el compromiso tácito de los legisladores de no entorpecer la marcha del gobierno con iniciativas conflictivas.
Por este motivo la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas, comandada por el PJ, la semana pasada emitió dictamen favorable sobre la mayor parte de los decretos del Ejecutivo relacionados con el ajuste en el sector público.
El único escenario de discusión aceptado por ambas partes es el de las interpelaciones y los pedidos de informe a los ministros de la Nación.
"Todos los funcionarios que sean solicitados por el Congreso deben concurrir", tranquilizó Colombo a Agúndez y a Gioja cuando supo que las dos bancadas se unieron para reclamar la presencia de Adalberto Rodríguez Giavarini, Horacio Jaunarena y Carlos Bastos, los dos primeros por el proyecto para cerrar tres bases en la Antártida y el último por su iniciativa para reconocer deudas del Estado con empresas contratistas viales.