El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Lluis Badía I Chancho, desembarcará en Rosario con la intención de destrabar el impasse que sufre el proceso licitatorio de las terminales locales. El único oferente de la concesión en marcha aguarda una definición por parte del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), pero los directores que lo integran disputan una feroz interna. "El grupo oferente entregará la documentación con todas las sociedades que lo integran, pero a su vez exigirá que el ente garantice el punto final a los conflictos laborales", dijo el apoderado del consorcio catalán, Guillermo Salazar.
Autoridad Portuaria de Tarragona está dispuesta a quemar las naves en los próximos 15 días, plazo que coincide con el ultimátum lanzado anteayer por el gobernador Reutemann para definir la licitación de los muelles rosarinos.
Es por ello que Badía I Chancho vendrá a Rosario con el fin de "anticipar la constitución de las empresas del grupo y las garantías recíprocas, pero para eso no debe haber sorpresas en el tema gremial", detalló Salazar. Vale decir que cada estibador nucleado en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) deberá resignar su reclamo por antigüedad portuaria frente al futuro adjudicatario del puerto.
La presidenta del Enapro, María Herminia Grande, anunció con beneplácito el desembarco de los tarragonenses en Rosario, al tiempo que no ahorró críticas al intendente Hermes Binner.
"Soy proclive al diálogo cuando existen argumentos que lo sustenten, pero en la postura de la Municipalidad predomina la irracionalidad", disparó Grande. contra el municipio local, y recordó que con la reactivación del puerto "se comenzaría el 2002 con al menos 250 puestos de trabajo genuinos en la ciudad de Rosario". Grande tomó aire e insistió: "Binner no ha hecho nada por remediar el flagelo de la desocupación", a quien responsabilizó de entorpecer el proceso licitatorio.
Pero el intendente contraatacó, al considerar que el oferente no cuenta con los antecedentes necesarios, "porque pidieron 60 días adicionales de plazo para presentar la documentación".
A su vez, Binner insistió que la postura del Ejecutivo "no pasa por avalar o no al oferente, porque si se han colocado exigencias deben ser cumplidas, sobre todo con el antecedente que existe con la experiencia dolorosa que los rosarinos tuvieron con el grupo filipino (Ictsi, ex concesionario del puerto local)".
Salazar explicó que "en el pliego solicita el pago de 10 millones de pesos de garantía por la concesión de las terminales I y II, 25 millones de pesos de garantía por el patrimonio, 5 millones por el capital a constituir y otro millón por los daños civiles, aparte de la inversión en obras. Todo esto es obligatorio, por eso decir que no están las garantías es inentendible".
Violación del secreto
Tanto Joe Petersen (representante de las agencias marítimas) como Ana María Brunet (por los exportadores) habrían incurrido en una violación de secreto especialmente establecido y penado en el reglamento de funcionamiento del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) al dar a conocer detalles de la documentación del proceso licitatorio del puerto Rosario a medios de prensa y a otras instituciones. El hecho fue calificado como "grave" por diversos juristas y empresarios que vieron como se ventilaba, sin la prudencia, el caso que requiere de cuestiones de negocios reservadas y datos "erróneos e inexactos" con fines poco claros.
Petersen junto a Brunet habrían enviado a diversas instituciones y medios gráficos información sobre lo actuado por la consultora Ernst&Young transcribiendo información parcial. El diario "El Litoral" publicó el 29 de julio pasado un artículo periodístico basado en la nota enviada por estos directores del Enapro en la que se ponía en duda no sólo lo actuado por la consultora, sino la capacidad económica y operativa del Puerto de Tarragona, único oferente que se presentó en la licitación.
Salazar puntualizó en esa nota que "un manejo inadecuado de la documentación presentada para avalar la oferta efectuada por el consorcio que represento y cuya disposición sólo fue autorizada a ese directorio y al solo efecto del proceso licitatorio, puede comprometer intereses particulares en caso de que hipotéticamente se hiciera una difusión parcial e incluso interesada de ese material". El apoderado del grupo español fue mas contundente aún y señaló que "mucho más daño puede provocarse si esa difusión es direccionada, tendenciosa, inexacta, parcializada y falaz".
La Ciudad
