Piden urgente sanción de una ley regulatoria

Atilio Pravisani

Santa Fe. - El diputado radical Federico Pezz presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito del Magic, una comisión que estudie y analice con carácter de urgencia la regulación de la actividad, impactos y condiciones de radicación de hiper y megamercados en la provincia, y pasó de esta manera a sumarse a las distintas iniciativas que proponen la sanción de una norma que regule esta actividad en la provincia.
Pezz sostiene que no existen reglas de juego claras en esta materia y que sí en cambio impera la ley de la selva en donde generalmente "pierden las economías regionales frente al poder económico de estos grandes establecimientos comerciales", y que en estos momentos se agudiza frente a la intención de distintas cadenas nacionales o internacionales de megamercados de radicarse en distintas zona de nuestra provincia".Sostiene el legislador que "es el Estado quien debe en colaboración con universidades, colegios profesionales, asociaciones de productores, ONGs y entidades intermedias, ofrecer a toda la comunidad elementos e información objetivas, veraz y sin manipulación previa sobre las consecuencias, impactos e implicancias de la radicación de estas cadenas".
Destaca en ese sentido que estos mecanismos de comercialización empiezan a generar legítimas resistencias en potenciales perjudicados, como se puede apreciar a partir de la reciente actitud adoptada por las autoridades y comunidad de Casilda o la demanda presentada ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe por la asociación Centro de Protección a la Naturaleza, tendiente a impedir la radicación de varios de estos emprendimientos en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo al proyecto presentado, la comisión de estudios estaría integrada por representantes de la Legislatura, del Poder Ejecutivo, de las intendencias y presidencias comunales, de las pequeñas y medianas empresas, de los centros comerciales, industriales, de entidades ambientalistas, asociaciones de consumidores, de la CGT, como también de universidades y colegios profesionales, determinándose que la misma deberá expedirse en un término no mayor a 90 días teniendo en cuenta la urgencia del tema.