El gobierno pagaría una tasa de interés del 9 por ciento sobre los 500 millones de pesos que distintas entidades bancarias realizarán como aporte patriótico al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que serán tomados a cuenta del impuesto a las ganancias de los años 2003 y 2004. Así lo confirmó ayer el viceministro de Economía, Daniel Marx, quien indicó que el ministro Domingo Cavallo firmará el decreto que estipula el interés que recibirán los bancos por el anticipo de este impuesto. "Sí, existe la posibilidad de pagar hasta el 9 por ciento, y eso se definirá en un decreto que firmará hoy (por ayer) el ministro Cavallo", aseguró Marx. De esta manera, con la estipulación de una tasa de interés, el gobierno accederá a un préstamo a tasa baja y se asegurará los mil millones de pesos que aportarán, mitad los bancos y mitad las grandes empresas privatizadas -las que previsiblemente se acogerán al mismo criterio de aporte remunerado, según reconoció el propio Marx- que se destinarán al Fondo Fiduciario y serán tomados a cuenta del impuesto a las ganancias. En cuanto al aporte de los bancos, que arrancaba con un adelanto de 200 millones de pesos, Marx admitió que "no están del todo ingresados, ya que falta un decreto para incorporar los intereses a pagar por el Estado y,así se completaría el aporte". Respecto al compromiso de las grandes empresas privatizadas, indicó que "además de los 150 millones anunciados por Repsol, las telefónicas ya hicieron una indicación en firme de cuanto aportarían", y reconoció que "algunas empresas estaban queriendo averiguar cuál era la tasa de interés, que estará definida en el decreto que se firmará hoy". Ello explica uno de los motivos centrales de la renuencia que esgrimieron en privado las empresas de servicios públicos privatizados para dilatar una decisión sobre este aporte. Este aporte de bancos, empresas de servicios e hipermercados, fue inicialmente reclamado por legisladores y dirigentes de la Unión Industrial Argentina, como una ayuda "patriótica" para que el esfuerzo del ajuste no recayera exclusivamente en trabajadores y jubilados del Estado. La otra cuestión que generó malestar en el sector de las grandes empresas de servicios fue la decisión legislativa de aumentar en cuatro puntos sus aportes patronales, a pesar que sus contratos de concesión les permiten trasladar los aumentos de impuestos a las tarifas que abonan los usuarios.
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