El conjunto de las provincias gobernadas por el justicialismo, entre ellas Santa Fe, firmaron el lunes con la Nación un nuevo pacto fiscal, esta vez con el compromiso de llegar a un déficit cero en el ejercicio 2001, aunque en rigor significa no acrecentar el endeudamiento más allá de los presupuestos estimados para este año. El propio ministro de Hacienda santafesino, Juan Carlos Mercier, reconoce que las previsiones para la provincia rondan un rojo cercano a los 200 millones de pesos, el doble de lo calculado. Una situación que se podría agravar aún más si la recaudación sigue cayendo dramáticamente y la Nación vuelve a incumplir con los acuerdos. Por esta razón, el equipo económico de Carlos Reutemann está analizando en su comité de crisis distintas variantes para cerrar el año ajustando los números al máximo y sin aplicar una nueva vuelta de tuerca sobre salarios y jubilaciones, que ya fueron afectados con mayores aportes previsionales tres meses antes de que el gobernador asumiera su segunda gestión.
Con la rúbrica de este nuevo acuerdo fiscal, Reutemann logró una llave de la Nación para acceder a un crédito por 330 millones de dólares del Banco Mundial a tasas del Primer Mundo (4%), que le permitirá reestructurar el perfil de la deuda comercial que hoy está pagando con intereses a niveles del mercado local (del 15% para arriba).
Como contrapartida, el convenio estipula la profundización de las reformas estructurales del Estado provincial, que incluyen el ordenamiento de las cuentas fiscales, cambios en el sistema tributario, la conclusión del proceso de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y modificaciones en las áreas de salud y educación.
El primer desembarco del préstamo por 150,3 millones de dólares está previsto para noviembre, ya que debe pasar por el último filtro burocrático de 14 firmas de las autoridades nacionales. La segunda remesa de 50 millones de dólares estará en Santa Fe entre marzo y junio de 2000. En tanto, los 126,7 millones restantes llegarán en el 2003.
Un alivio que los hombres de la cartera de Hacienda no escondieron luego de más de un año negociaciones y las promesas de tres ministros de Economía de la Nación. Pero que no soluciona la delicada situación actual, ya que para cuando llegue los primeros fondos el 2001 estará casi cerrado.
Pronóstico reservado
Mercier abrió el paraguas. Anticipó que Santa Fe difícilmente llegue a cumplir con el proyecto de déficit cero para este año y mantuvo un pronóstico más optimista para alcanzarlo en el 2003, como acordó con el Banco Mundial.
Existen razones endógenas y exógenas. En el plano interno aparece un agravamiento de la caída de la recaudación experimentada a partir de marzo, que no cede. El primer semestre arrojó un 6,44% por debajo de lo previsto para este ejercicio 2001.
El objetivo en el frente externo apunta directamente al gobierno nacional. Allí figura el escepticismo, que en algunos casos se vio confirmado, a que la Nación cumpla con los compromisos asumidos el 3 de noviembre de 2000 de atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, el pago de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), así como el atraso que existe con distintos servicios como el caso de los presos federales, salud y educación.
El cumplimiento de la Nación del pago del 20% del déficit de la Caja de Jubilaciones a la provincia es clave para las cuentas santafesinas, ya que el organismo es el principal mayor aportante al rojo financiero. Son un 20 millones de pesos.
Mercier ya anunció esta semana que tomará medidas en los próximos días para frenar la sangría de un déficit, que estimó en cien millones por encima de los 97,4 millones previstos y proyectó un nivel de endeudamiento futuro del orden de los 1.500 millones, lo que representa casi el 50% del presupuesto provincial. Aunque dijo que aún no están definidas las medidas, anticipó que en todos los casos "serán drásticas".
Hasta ahora el comité de crisis provincial, piloteado por el propio ministro de Hacienda, viene renegociando los contratos con proveedores y renovó antes de su vencimiento el contrato con el Banco de Santa Fe hasta el 2008 por 30 millones de dólares.
Pero todavía queda medio año por delante y el gobernador busca diferenciarse del gobierno nacional y de otros adversarios presidenciables no rebajando salarios y jubilaciones. Algo que en realidad ya instauró en septiembre de 1999 el entonces gobernador Jorge Obeid con la aprobación de la ley de emergencia provincial, que le allanó el camino a Reutemann al evitarle tomar una medida impopular en sus primeros meses de gestión. Es el jarabe que hoy está probando el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf en su provincia, a sólo tres meses de las elecciones.
Sin embargo, la emergencia santafesina vence a fin de año y contempla la posibilidad de extenderla un año más. Todo hace prever que la prórroga será casi automática y algunos hombres del Ejecutivo no descartaron que puede ser ampliada más allá del 2002 y evitar caer a un año eminentemente electoral analizando crisis.
En tanto, Mercier tiene en carpeta para el corto plazo otras medidas que ayuden a podar el déficit en al menos una porción de los 100 millones que amenazan rebasar las previsiones de 2001. Son una batería de posibilidades que buscan evitar el aumento la deuda.
El ministro no esconde sus reservas sobre la variante de emitir un bono sumado a un conjunto de provincias que no se distinguen justamente por la prolijidad de sus números y durante toda la semana se encargó de resaltarlo. No quiere saber nada con reflotar el proyecto que circuló meses atrás de emitir un Brady provincial pegado a estos Estados.
Otra de las variantes que recorrió los pasillos de la Casa Gris fue una propuesta de establecer un bono para las provincias de la región Centro respaldado por el Fondo Fiduciario creado con los anticipos de ganancias e IVA de 2003 y 2004 de las grandes empresas para el desarrollo provincial.
Algo así como un trato diferencial para los otros dos de los tres hombres fuertes del justicialismo: De la Sota y Reutemann, una vez que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, logró romper la tríada de los presidenciables al separar a Ruckauf de esta pelea y meterlo en la bolsa de las provincias con graves problemas de financiamiento.
Pero desde Santa Fe ya se hizo saber que de existir alguna emisión de bonos en la provincia estarían interesados en utilizar las deudas consolidadas con la Nación como garantías. Porque sería una de las escasas posibilidades que vislumbran en el Ejecutivo para cobrar los 280 millones que surgieron luego de comparar débitos y créditos entre ambos estados.
Funcionarios de la cartera económica provincial barajarían emitir un bono como forma de pago para los salarios sólo en el peor de los escenarios. El resultado de este cóctel financiero tiene hoy un final incierto.
Otras medidas
El bisturí del ajuste provincial puede llegar a incluir la decisión de dar marcha atrás con algunas de las políticas proactivas que comenzó a implementar el gobernador Carlos Reutemann para promover inversiones en el territorio santafesino.
El gobierno estudia la eliminación de exenciones fiscales y no descarta también frenar la desgravación del 66% que resta para la extinción de la ley 5.110 previsto para el 2002, que significaría una reducción superior a los 60 millones de pesos en los ingresos provinciales.
Con la aprobación del presupuesto 2001, dos días antes del comienzo del nuevo siglo, se incluyó la quita del 33% de la ley 5.110 para este año, y este año se notó en la recaudación en este rubro. En los ingresos fiscales de junio la caída por este concepto llegó al 13%.
El gobierno provincial ya frenó en parte ciertas desgravaciones que buscó imponer la Nación dentro de los planes de competitividad impulsados por Cavallo para distintos sectores productivos. Tampoco se lograron demasiados avances en el intento de avanzar con una reforma tributaria basada en IVA y ganancias, que deje de lado los llamados impuestos distorsivos, tales como ingresos brutos y sellos.
Santa Fe, junto con la Ciudad de Buenos Aires, firmaron la mayoría de los planes de competitividad con reservas. Los acuerdos obligaban a desgravar ingresos brutos a las actividades productivas extraprovinciales. En su momento, el gobernador Reutemann dijo que la instrumentación de estos cambios significaría una disminución en la recaudación que rondaría entre los 60 y 100 millones de pesos.
Hacer la Corte
El gobierno de Carlos Reutemann también pretende que el Poder Judicial provincial siga los pasos de la Corte Suprema en la rebaja salarial, y que no pongan palos en la rueda como ocurrió reiteradamente con las leyes de emergencia. El mismo deseo es extensible a los legisladores santafesinos.
Con este escenario de fondo, la venta de la EPE queda en la retaguardia, ya que el Poder Ejecutivo parece no querer apurarse en el proceso de privatización.
Las ofertas estarían lejos de los 800 ó mil millones de pesos que se llegó a decir podrían pagar los inversores para quedarse con la compañía eléctrica. Con el crédito del Banco Mundial, la provincia tiene una carta que le permite evitar tener que malvender su última joya.
La Ciudad
