Los senadores nacionales sospechados de haber recibido coimas a cambio de la sanción de la polémica reforma laboral vieron ayer notablemente aliviada su situación: la Cámara Federal porteña confirmó la falta de mérito en la causa en la que son investigados desde el año pasado. Los magistrados Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, de la Sala I de la Cámara, ratificaron un fallo de finales de diciembre pasado del ex juez federal Carlos Liporaci.
"Ninguna prueba se ha recolectado (...) que lleve a sostener que los imputados, cuyo procesamiento se pretende, hayan siquiera aceptado promesa para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función", sostuvieron los jueces.
Además, advirtieron que los mismos que acusaban y pedían el esclarecimiento del caso no aportaron pruebas. Y que en el expediente quedaron acumuladas versiones sobre los supuestos hechos.
Pero esta resolución no implica que todo haya terminado. El juez que sucede en la instrucción a Liporaci, Gabriel Cavallo, deberá profundizar la investigación y, si aparecen nuevas pruebas, puede modificarse la situación de los senadores sospechados.
Sin embargo, en los hechos, representa un gran alivio para los imputados. Si bien no se los desvincula de la causa, se establece que no hay elementos suficientes de cargo como para procesarlos y remitir el expediente a juicio oral y público.
El escándalo empezó hace un año como un rumor en los pasillos del Congreso y se convirtió en un anónimo que circuló por varias oficinas. En el libelo se contaban las maniobras presuntamente efectuadas desde el gobierno para conseguir la aprobación de la reforma laboral y se precisaba cuánto dinero habrían recibido los legisladores que se mostraban reacios a apoyarla.
Intereses en pugna
En medio de una lucha de intereses con los senadores, el entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, como titular provisional de la Cámara alta, llevó al caso a la Justicia para que fuera investigado y detonó la crisis política más grave desde la reinstauración de la democracia.
La denuncia quedó en manos de Liporaci, pero pronto se supo que el magistrado había adquirido una lujosa casa con dinero que no podía justificar claramente.
El 29 de diciembre de 2000, un día antes del inicio de la feria judicial de enero, Liporaci dictó la falta de mérito para los senadores del PJ Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Augusto Alasino, Ricardo Branda, Ramón Palito Ortega y Alberto Tell, además de los radicales Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López.
Pero el 2 de febrero de 2001, apenas se reanudó la actividad judicial, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron esa resolución y pidieron el procesamiento de siete de los once involucrados por entender que existieron coimas y que la plata para hacerlas efectivas salió de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
Los fiscales apuntaron contra Alasino, Costanzo, Tell, Pardo, Branda, Cantarero y Meneghini, y aclararon que sobre los otros cuatro senadores todavía no había elementos para pedir que se los culpara.
En medio de la espera, Liporaci terminó renunciando a su puesto, aquejado por la destitución que estaba a punto de disponer el Consejo de la Magistratura, y el expediente pasó a manos de Cavallo, quien pidió varias medidas que tampoco lograron esclarecer de dónde habría salido el dinero para pagar los presuntos sobornos.
Sobre este punto, también quedó involucrada la Side, ya que hubo sospechas que del organismo encabezado por Fernando de Santibañes podría haber salido dinero para los supuestos sobornos.
Ayer, después de cinco meses y medio de análisis y horas antes de iniciarse la feria invernal, los camaristas de la Sala I confirmaron la decisión de Liporaci, al considerar que en los "abultados 32 cuerpos" no hay elementos que permitan procesar a alguno de los imputados.
También evaluaron que "no resulta procesalmente aceptable que la causa pueda avanzar con el escaso aporte brindado por quienes públicamente, por otro lado, reclaman el esclarecimiento de lo sucedido".
La Cámara destacó que "algunos de ellos, quienes han relativizado sus dichos vertidos a través de los medios de prensa, en las oportunidades en que debieron testimoniar bajo juramento de decir verdad refirieron haber sido mal interpretados".
En el mismo tono crítico, se citó la opinión de la Fiscalía en relación a "algunos destacados actores de la dirigencia política" que "se ha traducido en grandilocuentes declaraciones en las escalinatas del edificio, lamentablemente relativizadas al llegar a la sala de audiencias".
La Ciudad
