San Jorge.- El diputado provincial justicialista Ricardo Alvarez presentó un proyecto de modificación de las leyes de municipios y comunas vigentes en la provincia de Santa Fe, para "adecuar estos organismos gubernamentales a las instancias que impone el fenómeno de la globalización". La iniciativa fue expuesta por el legislador ante presidentes comunales, intendentes y legisladores del departamento San Martín "con la intención de que la conozcan, se generen aportes a partir de ideas que surjan de acuerdo a las necesidades y puedan enriquecerla".
Según Alvarez, es necesario modernizar el Estado municipal redefiniendo sus roles, facilitar acuerdos entre localidades vecinas en torno a proyectos en común como el control ambiental, disposición final de residuos urbanos y convenios de cooperación. "Del mismo modo es prioritario transformar los municipios para responder a las condiciones de competitividad que afectan tanto a las empresas como a las ciudades y regiones", indicó.
"Esto trae aparejado un movimiento de bienes y servicios y traslado de personas a distintas regiones en busca de más oportunidades de trabajo, acentuando la segmentación social, económica y ambiental", señaló.
Para Alvarez este escenario indica la necesidad de transformar los modelos de gestión de los municipios, con capacidad de creación, asimilación e innovación. Los roles del Estado municipal y comunal van hoy más allá de las funciones tradicionales de administración de servicios. Tienen que ver con una necesaria injerencia de desarrollo económico productivo, control territorial, protección del medio ambiente, integración regional, cooperación entre ciudades, promoción del desarrollo social y un nuevo modelo de gestión urbana que requiere la adaptación del municipio a situaciones cambiantes para lograr un liderazgo en su gestión con un código legal adecuado.
Los municipios se organizan en el marco de la Constitución santafesina. Esta no contempla, como la Constitución nacional reformada en 1994, el principio de autonomía municipal. Por esto las comunas continúan organizándose por ley. Pero para el diputado, esta legislación resulta por el momento "inadecuada para lograr una gestión acorde a los nuevos roles".
Temas a reformar
Alvarez destacó algunos puntos de la legislación actual que recortan visiblemente la autonomía municipal. Entre ellos mencionó, en cuanto a aspectos financieros, que los municipios tienen limitada su capacidad de endeudamiento, ya que necesitan autorización de las cámaras legislativas, al igual que para expropiar inmuebles dentro del ejido urbano.
Asimismo, sostuvo que los aspectos salariales están uniformemente determinados para toda la provincia, establecidos por paritarias convocadas por ley provincial, lo cual "no permite que cada municipio se maneje de acuerdo a su realidad socioeconómica".
"Lo mismo sucede -añadió- respecto de las condiciones laborales de sus empleados, reguladas por la ley provincial del estatuto y escalafón. Y también ocurre al momento de tener que mantener estructuras orgánicas que no se adecuan a la realidad de cada municipio".
El diputado también pretende que se analice la obligación que impone la ley a los municipios respecto del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Este es -según Alvarez- otro caso en el que se les impone compromisos sin atender a su real disponibilidad de recursos.
Tres categorías
Las reformas propuestas por Alvarez se basan en cambiar la concepción de cómo y cuándo se puede organizar una población como municipio, atendiendo no sólo a la cantidad de habitantes sino también a otros aspectos sociales, económicos e incluso geográficos (ver aparte). En principio, el proyecto establece tres categorías de municipios en lugar de las dos actuales.
Además, propone flexibilizar la toma de créditos dentro y fuera de la provincia y en el extranjero, así como expropiar por causa de utilidad pública. Asimismo, se sugiere establecer un sistema de selección, límites de contratación y adquisición de bienes en subastas judiciales.
En cuanto a las relaciones laborales, Alvarez propone actualizar las facultades del Concejo para dictar ordenanzas que definan un sistema de selección, ingreso y efectivización de los empleados. De esta forma el municipio establecería su propia estructura escalafonaria y su política salarial de acuerdo con sus posibilidades.
Respecto de la existencia obligatoria de otros órganos que no siempre se adecuan a la realidad de cada localidad, Alvarez sugiere que los municipios de primera categoría cuenten con Justicia de Faltas, Tribunal de Cuentas, Fiscalía y organismos de planeamiento, pero que en los de segunda categoría algunos sean optativos.
La Ciudad
