Guatemala. - Dos militares, un ex guardaespaldas presidencial y un sacerdote fueron condenados ayer por el asesinato en 1998 del prominente defensor de los derechos humanos y obispo guatemalteco Juan Gerardi. Un tribunal de tres jueces declaró al ex coronel Byron Lima Estrada, a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, y al ex guardaespaldas presidencial José Obdulio Villanueva culpables del crimen y los sentenció a 30 años de cárcel. Los jueces sentenciaron al sacerdote católico Mario Orantes a 20 años de cárcel, por complicidad en el asesinato, mientras absolvieron al ama de llaves Margarita López.
Gerardi fue encontrado muerto a golpes el 26 de abril de 1998 en su residencia en la ciudad de Guatemala, poco después de divulgar un informe en el que culpó al ejército de la mayoría de las 200.000 muertes ocurridas durante los 36 años de guerra civil de la nación centroamericana. El caso, que se demoró tres años en los que fiscales, testigos y un juez huyeron del país en medio de amenazas, ha sido considerado una prueba para el frágil sistema judicial de Guatemala. El juicio comenzó el 23 de marzo, dos días después de un ataque con granada contra la residencia de uno de los jueces.
Miembros de los grupos de derechos humanos guatemaltecos esperaron la sentencia durante toda la noche en una corte abarrotada, mientras otros montaron una vigilia con velas encendidas en las afueras del edificio, esgrimiendo pancartas con la imagen de Gerardi. Los activistas celebraron el resultado calificándolo de una victoria para los derechos humanos. Los abogados de los acusados dijeron que apelarían rápidamente las sentencias.
Drama de alto nivel
Más de 100 personas testificaron en el juicio, entre ellos varios ex jefes militares, sacerdotes y funcionarios del gobierno. Las declaraciones de los testigos atrajeron la atención pública sobre una controvertida unidad de guardaespaldas presidencial vinculada a actividades de inteligencia militar de posguerra, a la que Lima Oliva y Villanueva pertenecieron en épocas distintas. Un ex miembro de la unidad testificó que el organismo mantenía un extenso expediente sobre Gerardi e intervino su teléfono.
Otro testigo, un indígena que dormía en un parque en las afueras de la residencia del obispo, dijo que la inteligencia militar le pagó para espiar los movimientos de Gerardi.
La solución del horrendo crimen fue una de las promesas electorales que catapultaron al presidente Alfonso Portillo al poder en enero de 2000, tras una aplastante victoria electoral.
La Ciudad
