Dos monjas ruandesas encarceladas por genocidio

Bruselas.- Cuatro ruandeños de la etnia hutu, incluso dos monjas católicas, fueron condenados ayer a penas de cárcel de entre 12 y 20 años, convictos de homicidio en las masacres de 1994 en Ruanda. Más de medio millón de personas fueron muertas en 100 días de masacres organizadas por el gobierno hutu de Ruanda. El genocidio se terminó cuando los rebeldes tutsis, de la tribu que era la víctima principal, tomaron el poder en Ruanda en julio de 1994.
La monja benedictina Gertrude fue condenada a 15 años de cárcel por su intervención en la masacre de unas 7.000 personas que buscaban refugio en su convento del sur de Ruanda. Su compañera, la hermana María Kisito, fue condenada a 12 años. Los fiscales afirmaron que las dos monjas benedictinas alentaron y colaboraron con una turba hutu que atacó repetidas veces a los tutsis que buscaban refugio en su convento de Sovu.
Los testigos, incluso otras monjas, dijeron que las dos convictas llamaron a las milicias para que echaran a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tusis refugiados en el garaje del convento y los llevaron a los lugares en que se ocultaban otros hombres, mujeres y niños tutsis.
Alphonse Higaniro, un prominente empresario ruandeño, convicto de varios cargos de homicidio, fue condenado a 20 años de prisión. El profesor universitario Vincent Ntezimana fue sentenciado a 12 años. La fiscalía había pedido prisión perpetua para todos.
Ntezimana e Higaniro fueron acusados de ser extremistas hutus que se opusieron terminantemente a compartir el poder con los rebeldes tutsis y planearon el genocidio en su región sureña. Los cuatro acusados huyeron a Bélgica, ex potencia colonial de Ruanda, cuando los tutsis tomaron el poder.
Los promotores de los derechos humanos calificaron el veredicto como precedente de toda acción legal contra los acusados de haber cometido crímenes de guerra, se hallen donde se hallen.
Los defensores arguyeron que las severas sentencias perjudicarían los esfuerzos por cicatrizar las heridas abiertas entre los tribeños hutus y tutsis de Ruanda.
El proceso, que duró casi ocho semanas, fue el primero en que un jurado de ciudadanos comunes juzgó un crimen cometido en otro país. Una ley belga de 1993 les atribuye a los tribunales jurisdicción sobre las violaciones a la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, independientemente del lugar en que hubieran ocurrido.

Las monjas benedictinas colaboraron con los hutus.