El gobierno analiza la posibilidad de reducir el IVA que se aplica al comercio de granos, que se ubica en el 21 por ciento, en un intento por disminuir la evasión que persiste en la actividad y que representa pérdidas por menores ingresos al fisco del orden de los 400 millones de dólares por año.
La evaluación de la medida, que por el momento se está realizando en la más estricta reserva entre funcionarios de la cartera económica y la primera línea de la Secretaría de Agricultura, podría incluir la suspensión de las retenciones que se aplican a algunas oleaginosas.
La idea de eliminar las retenciones a la exportación de oleaginosas fue alumbrada durante la primera presidencia de Carlos Menem, en el marco de una política que suprimió impuestos a la exportación para la mayoría de los productos.
La medida es impulsada por las entidades que agrupan a la producción pero resistida por los industriales del complejo oleaginoso, el principal sector exportador del país. La aplicación de un arancel para la exportación de poroto de soja (actualmente del 3,5%) es una de las herramientas que permitió el desarrollo de una fuerte industria procesadora.
Precisamente, los industriales del sector aceitero enfrentan a nivel internacional políticas proteccionistas por parte de países que eran fuertes compradores de subproductos argentinos y que en los últimos años comenzaron a subir los aranceles para la mercadería procesada, con el fin de alentar el desarrollo de su propia industria aceitera.
Esta política tuvo su efecto en Argentina durante el año pasado, cuando la industria local bajó su ritmo de procesamiento de granos y, paralelamente, aumentó el volumen exportado de materia prima.
Respecto de la reducción del IVA a los granos, fuentes de Agricultura explicaron que podría llegar al 50% sobre la alícuota actual que se paga en el sector, de acuerdo a la misma fuente informativa.
Si bien en medios de la dirigencia ruralista se admitió que el reclamo sobre ambos temas se había reiterado al gobierno cuando Marcelo Regúnaga reemplazó a Antonio Berhongaray en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya), las principales entidades del campo con representación nacional negaron tener información sobre anuncios oficiales inminentes sobre reducciones impositivas para el sector.
Dirigentes regionales del ruralismo confederado, en cambio, reconocieron que estaban al tanto de esa posibilidad, aunque no dieron precisiones sobre fechas probables de anuncios e implementación de medidas sobre rebajas impositivas para la producción agropecuaria.
Un proyecto para rebajar el IVA, pero sólo para la venta de productos agropecuarios, fue impulsado también durante la administración del ex presidente Menem. En esa oportunidad, hubo un fuerte rechazo de las entidades representativas de los productores, alegando que la medida no les permitía descargar el IVA acumulado por la compra de insumos.
Cuando la Secretaría de Agricultura estaba bajo la batuta de Felipe Solá sí se avanzó en una reducción parcial del IVA para el sector cárnico, que tuvo un efecto positivo en la reducción de los altos niveles de evasión en el sector.
Medidas para la carne
Entre los anuncios que, según trascendió, está estudiando el gobierno, se incluye la instrumentación de créditos warrants para la cadena de la carne, con financiamiento por un monto superior a los 7 millones de dólares.
Esos préstamos serían canalizados a través del Banco Nación, a una tasa inferior al 7%, debido a que sería bonificada por la Secretaría de Agricultura.
Cuando se cerraron los mercados internacionales para las carnes argentinas, a raíz de la reaparición de aftosa en la ganadería nacional, los empresarios de la carne pidieron al gobierno que libere partidas presupuestarias para formar un stock de intervención, que permitiera adquirir al sector los tonelajes de cortes cárnicos que no pudieron venderse al mundo y ocasionarán pérdidas por unos 500 millones de dólares, computando la totalidad de ventas externas canceladas durante este año.
La Ciudad
