El gobierno de Santa Fe intensificó sus reclamos ante el gobierno nacional para que pague una deuda de 280 millones de pesos, generada por incumplimientos de acuerdos en materia social, previsional, impositiva y de infraestructura. La deuda forma parte de un paquete global de 1.100 millones que los gobernadores del PJ reclaman a la Nación y que hoy pondrán a discusión durante una reunión que mantendrán con el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Por las diferencias con sus pares, no está claro aún si de ese encuentro participará algún representante de Santa Fe.
La deuda que el gobierno nacional mantiene con las provincias emergió ayer en un encuentro de gobernadores convocado de urgencia en la sede del Consejo Federal de Inversiones. Los grandes ausentes del cónclave, que piloteó el bonaerense Carlos Ruckauf, fueron Reutemann y el cordobés José Manuel de la Sota.
En representación de la provincia participó el vicegobernador Marcelo Muniagurria, quien expuso el detalle del reclamo santafesino, actualizado a marzo de este año. En números gruesos, incluye compromisos incumplidos del pacto federal firmado en el año 93, el pago de impuestos provinciales adeudados por parte de organismos, empresas y ex empresas del Estado nacional, y montos extraídos indebidamente de la coparticipación en los años 95 y 96 para conformar el fondo especial para el equilibrio fiscal.
La deuda exigida también contempla fondos comprometidos para la Dirección Provincial de Vialidad (40 millones), Educación (18), Salud (43), Vivienda y Urbanismo (35), aportes previsionales de institutos de enseñanza transferidos a la provincia y aportes no reintegrables para la reforma de Estados provinciales (107).
Sólo algunos ítems de esta "historia clínica" responden al financiamiento de planes sociales comprometidos por la Nación. De allí la resistencia de Muniagurria a aceptar una propuesta surgida en la reunión de gobernadores realizada ayer, que proponía reclamar a Cavallo sólo las deudas relacionadas con la asistencia social.
Megacanje provincial
Esa no fue la única diferencia que enfrentó al representante santafesino con sus pares. El vicegobernador se negó a firmar en el momento un documento de trabajo en el cual se propone al gobierno nacional un proyecto de ley de saneamiento de las deudas provinciales.
Se trata de impulsar un megacanje de deuda de provincias endeudadas por unos 9 mil millones de dólares, que se realizaría inmediatamente después de la operación que llevará adelante el gobierno nacional, y que pondría como garantía la coparticipación federal. En ese proyecto están Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, Chaco, Formosa y Tierra del Fuego.
"En medio de esa reunión apareció esa propuesta de saneamiento provincial que giré a Santa Fe para su análisis, porque nuestra provincia está mejor que el resto y no acepta firmar nada bajo presión ni por urgencias ajenas", señaló Muniagurria desde Buenos Aires.
El tono de la advertencia corresponde a las diferencias que los mandatarios justicialistas exhibieron en la reunión de ayer. Reutemann no quiere involucrarse de lleno en una estrategia que ve fogoneada por Ruckauf pero tampoco quiere perder la oportunidad de meter sus propios reclamos para hacerse fondos frescos del gobierno nacional.
El propio gobernador admitió la semana pasada las dificultades que existen para pagar el medio aguinaldo a empleados de la administración pública y, si la Nación paga parte de la deuda de la provincia, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, tendría un mayor margen de maniobra para hacer frente a la emergencia.
También el gobierno de Buenos Aires puso en duda el pago de salarios en su provincia, aunque los funcionarios santafesinos se esmeran en aclarar las diferencias de situaciones. Señalan en ese sentido que no sólo el problema fiscal es mucho más grave en Buenos Aires sino que la presión social, expresada en el piquete de 16 días que protagonizan los desempleados de La Matanza, es el motor de las urgencias del gobernador bonaerense.
En un intento por apagar el incendio y bajar el nivel de conflictividad, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, aseguró ayer que el mes próximo el gobierno nacional comenzará a transferir a las provincias los fondos de asistencia social acordados en el marco del compromiso federal, y que ascienden a 225 millones de pesos para todo el año y para el conjunto de las provincias.
Pero algunos gobernadores van por más. Buscan aprovechar el efecto del megacanje de deuda de la Nación para reestructurar sus propios pasivos a tasas más bajas."El gobernador Reutemann está analizando el proyecto y hoy vamos a volver a reunirnos en el Consejo Federal de Inversiones, para ver si coincidimos en los temas que se quieren hablar con Cavallo", explicó ayer Muniagurria. De esta forma, no aseguró que algún representante santafesino participe del encuentro con el funcionario nacional.
La Ciudad
