El diputado Gutiérrez fue acusado por falsa denuncia

El diputado nacional por el Partido Demócrata de Mendoza Gustavo Gutiérrez fue denunciado ante la 3ª fiscalía correccional -se inhibió pasando las actuaciones a la 4ª fiscalía correccional- por el abogado Oscar Dimas Agüero, quien le imputó falsa denuncia en la presentación que realizó el legislador el 18 de mayo de 1999 ante el Juzgado federal Nº1 mendocino cuando pidió que se investigue "el accionar de quienes tuvieron a su cargo el proceso de privatización de los ex bancos oficiales de Mendoza; su administración durante el trámite privatizador, y su gestión como entidades privatizadas desde su adjudicación hasta el cese de actividades".
En esa denuncia, Gutiérrez pedía que se investiguen "las relaciones de Raúl Moneta con el poder local" y el "crédito del Fondo de Transformación y Crecimiento a Corporación de Los Andes SA".
Aseguraba que Moneta había sido el único beneficiario de un préstamo del Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza, a través de la empresa Corporación Los Andes, habiendo recibido 10 millones de dólares. Señalaba también Gutiérrez que el proyecto de inversiones presentado era para "la construcción de un complejo agroindustrial para el procesamiento y empaque de hortalizas en fresco, sin embargo nada de eso se realizó".
Según el escrito de Dimas Agüero, la Justicia federal declaró su incompetencia y la remitió a la Justicia provincial, que -a través del Ministerio Público- solicitó se investiguen los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes funcionales en concurso real.
Luego de una serie de medidas de prueba, el juez resolvió "rechazar el requerimiento de instrucción formal y revocar el avoque" y "ordenar el archivo" de la causa.
Dimas Agüero sostiene que "es falso el monto invocado en el préstamo", como así también que "se haya desviado dinero". Agrega que la falsa denuncia "se agrava" por el cargo que detenta Gutiérrez, que le hubiera "permitido conocer la verdad de los actos públicos invocados, sin necesidad de hacer gastar fondos públicos, poniendo en marcha mecanismos legales que fueron a vía muerta por la falsedad de los hechos denunciados", condición que -según el escrito- "era conocido" por el diputado cuando inició la causa.