El sector agropecuario transferirá más de 200 millones de pesos al Estado como consecuencia de la aplicación del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Ese es el cálculo de mínima que se realiza en el sector privado, tomando en cuenta el peso del complejo en el PBI nacional y el volumen de operaciones que se realiza en toda la cadena.
Si bien las estimaciones son preliminares, alcanzan para comprender la reacción virulenta que la aplicación del tributo desató en rubros como el comercio de granos. Y los últimos cambios normativos realizados no lograron desterrar la percepción generalizada de que se agudizará la iliquidez de toda la cadena, profundizando el corte del circuito de pagos y empujando a la desaparición a numerosas firmas del sector.
Enrique Lingua, especialista en temas tributarios, realizó un cálculo teórico basándose en la participación que tiene el sector agropecuario en el Producto Bruto Interno (PBI), del 7,6%. Este porcentaje representa unos 16 mil millones de pesos. Estimó que el volumen de transacciones agropecuarias es de 2,6 veces esa cifra. O sea, 41 mil millones de pesos.
Luego le aplicó la tasa original del 5 por mil (2,5 por débitos y 2,5 por créditos), lo que arrojó un impacto de 205 millones de pesos. Otros 123 millones resultan si además se aplica la nueva alícuota del 1,5 por mil para cada una de las operaciones (es decir 3 por mil), aunque esos pagos pueden ser computables a IVA, ganancias o renta presunta.
El especialista aclaró que la aplicación del nuevo impuesto es demasiado reciente como para tomar esa proyección teórica en términos absolutos. Aún así, señaló que "partiendo de la base de una recaudación que aún no está clara", la transferencia del sector agropecuario no será menor a los 200 millones.
Cosecha fiscal
Por otro camino, cálculos oficiosos volcados en un paper que circuló por la Bolsa de Comercio llegan a la misma conclusión. En este caso, el método es el siguiente:
* Se calcula un valor de las exportaciones de granos y subproductos de 7.300 millones de dólares. Estimando que lo exportado representa un 70% del total de la cosecha de 62 millones de toneladas, el valor de la producción de granos en la etapa primaria sería de 10.500 millones.
* Sobre ese valor, los productores pagan el impuesto a la entrada y salida de sus cuentas corrientes (5 por mil), lo que implica una transferencia de 52,5 millones de pesos.
* Los acopios independientes, que comercializan aproximadamente el 60% de la cosecha (6.300 millones de pesos), resignan unos 31,5 millones. Las cooperativas de primer grado, que mueven otro 25%, están exentas.
* En la exportación, que se calcula en 7.300 millones, se paga el 2,5 por mil correspondiente a los débitos en cuenta corriente ya que no está alcanzado por el tributo el depósito que se hace sobre lo que se cobra en el exterior. Estaría dejando al fisco unos 18 millones de pesos.
* Si se estima que los compradores de productos agrícolas que destinan los productos elaborados al mercado interno mueven 3.200 millones de pesos, la aplicación de la alícuota del 5 por mil les representa una erogación de 16 millones.
* Los corredores cuentan con una alícuota del 0,75 por mil, o sea 1,5 por mil por débitos y créditos. Si se estima que intermedian en la comercialización del 40% de la cosecha (4.200 millones de pesos), el impacto sería cercano a los 6,3 millones.
En base a estos cálculos, la transferencia del sector agrícola en concepto de impuesto a los cheques llega a 125 millones de pesos. Esto sin contar la sobretasa del 3 por mil que llegó con el último impuestazo, y que se puede acreditar a cuenta del pago del impuesto a las ganancias (siempre que no hubiera quebrantos), del IVA (que en muchos casos puede significar alimentar la bola de créditos fiscales) o del impuesto a la renta mínima presunta, la modificación mejor recibida por el sector granario.
Otros rubros
Aún con la alícuota del 5 por mil, el impacto es sólo para el sector agrícola, que representa alrededor del 60% de la actividad agropecuaria. Con esa premisa, el resto de los sectores (ganadería, frutihorticultura, lechería) generaría un valor de 4.200 millones de pesos. Suponiendo que cada uno de los eslabones efectúe dos transferencias gravadas con el 5 por mil, el peso del tributo llega a 84 millones de pesos.
En rigor, todo el sector está por estas horas sacando números, aunque la mejor experiencia es el día a día, cuando el banco le descuenta rabiosamente el impuesto. Los corredores, los primeros en salir al ruedo contra el tributo que alumbró la llegada del ministro Cavallo, denunciaron que sufren de una forma especial. El sector tiene una alícuota reducida del 0,75 por mil sobre débitos y créditos relacionados con las transacciones que realizan por cuenta de terceros. Sin embargo, en el centro que los agrupa señalan que el costo que tiene en la práctica sobre el ingreso de las empresas es del 15%. El caso es que trabajan con comisiones muy bajas y un gran volumen de transacciones bancarias.
Riesgo en el mercado
En la última modificación, quedaron exentas las operaciones realizadas en el mercado a término, lo cual alejó el temor de la desaparición de un sistema que permite a los productores cubrirse de oscilaciones de precios en un mercado que no tiene otra alternativa de regulación. Pero la medida, al mismo tiempo, abrió una polémica por las asimetrías que se crean respecto de los operadores del mercado físico, que pagan el 0,75%. El temor es que este desbalance induzca una transferencia de negocios desde el Disponible hacia el Futuro (ver aparte).
"Esto es peligrosísimo porque una medida de carácter eminentemente impositivo puede provocar un cambio sustancial en el sistema de comercialización de granos", señaló Nicanor Sodiro, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Otro de los rubros que sienten el peso del nuevo impuesto es el de los acopiadores de granos. Enrique Fernández, presidente de la Sociedad Gremial de Acopiadores, señaló que "debido a la gran competencia que hay en este momento, con una comisión que no supera el 2,5% sobre el cereal almacenado, la aplicación del impuesto al cheque eleva los costos a un 35% de los ingresos brutos" de las empresas.
El directivo advirtió sobre las consecuencias de la "insoportable" presión fiscal en la ya delicada situación financiera de las empresas. Señaló, además, que como las cooperativas están exentas y los exportadores que compran directamente tienen la posibilidad de descontar el tributo del precio pagado, a ellos los descoloca en un mercado "de gran competencia".
El gobierno amplió la posibilidad, desde el lunes pasado, de cargar total o parcialmente el 3 por mil del impuesto como pago a cuenta de ganancia mínima presunta. Esta posibilidad estaba antes restringida a ganancias e IVA, por partes iguales, lo cual no conformaba las expectativas de los contribuyentes vinculados al sector agropecuario.
Para Enrique Lingua, "son muchas las pequeñas y medianas empresas del sector que tendrán quebrantos, con lo cual pierden la posibilidad de computar el impuesto a las cuentas corrientes como parte de ganancias". En el caso del IVA, descargar el impuesto al cheque sólo implicaría muchas veces engrosar el volumen de crédito fiscal. De hecho, un financiamiento de lujo para el Estado.
Las compensaciones ofrecidas al sector como contrapartida de la maroma impositiva, no conforman. Desde el punto de vista de los empresarios del sector, ni la rebaja del 10,5% en el IVA a la maquinaria agrícola ni los planes de competitividad acotados a algunos rubros como los frigoríficos exportadores, compensan los recursos que resigna el campo por obra de los últimos impuestazos. Los frigoríficos, que recibieron un plan de salvataje fiscal para compensar la pérdida de mercados externos como consecuencia de la aftosa, temen que los efectos de ese alivio se neutralicen. Gonzalo Méndez, de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, señaló que "todavía no se ha analizado el impacto global en el sector ganadero, pero sí está claro que los efectos de la aplicación del impuesto al cheque terminarán por neutralizar los beneficios del programa de auxilio".
Ni hablar de los ganaderos, que sufren en carne propia la parálisis del sector industrial pero no tienen ningún plan de competitividad que los ampare.
En rigor, el complejo agroalimentario no se limita a reclamar contra el peso de los impuestos sino que reclama su propio plan de competitividad, por el efecto dinamizador de su producción y por ser el mayor generador de puestos de trabajo directos e indirectos. Desde la histórica queja por los trastornos y distorsiones que ocasionó la suba del IVA al 21% hasta el impuesto a los débitos y créditos, pasando por el impacto de los tributos a los intereses y a la renta presunta, se advierte en toda la cadena un consenso en torno de que sólo una profunda reforma fiscal puede evitar una ola generalizada de quebrantos. Una muestra es que la cesación de pagos de empresas compradoras, la bola de endeudamiento con los proveedores de insumos y la proliferación de concursos preventivos se da en el marco de indicadores productivos récords, lo que denota que un importante porcentaje de los problemas que sufre el campo son importados desde afuera.
Manuel Cabanellas, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, lo puso en estos términos: "Frente al avance de la cosecha de granos gruesos, que posiciona ala soja con una cifra récord por la cantidad de toneladas alcanzadas, los productores se encuentran con la rentabilidad más baja de los últimos 30 años".
La Ciudad
