El ministro de Economía, Domingo Cavallo, recibió el viernes a los presidentes de las entidades del sector agropecuario. En esa instancia, los representantes de Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) le presentaron el plan que elaboraron en forma conjunta, con propuestas para sacar al campo de la crisis. El extenso programa incluye la eliminación de impuestos distorsivos, la reestructuración de los regímenes de promoción, los subsidios de tasas, el reforzamiento del Inta y el Senasa y el ascenso de la Secretaría de Agricultura al rango de Ministerio.
En la declaración, las entidades parten de un diagnóstico según el cual las profundas reformas económicas de la última década "posibilitaron, por una parte, casi duplicar la producción y exportación de granos" pero, como contrapartida, "han hecho más pobres a los pequeños y medianos productores".
"Esto se expresa en la desaparición del 30% de los productores integrantes de la estructura agraria, en la quiebra y situación terminal de un porcentaje similar o mayor de cooperativas, comercios e industrias vinculadas al sector agropecuario en el mismo período", señalan.
El texto indica que uno de los objetivos prioritarios y fundamentales de la política agropecuaria "debe ser, sin más demoras, crear las condiciones para la recuperación, sostenibilidad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias".
Los instrumentos propuestos para alcanzar este objetivo se incluyen en diferentes capítulos.
Financiamiento
* Es necesario preservar la condición de banca pública para el actual BNA y bancos oficiales de provincia, más allá de las adecuaciones estructurales que demande cada uno de ellos para lograr una mayor eficiencia.
* Se propone que la autoridad monetaria libere encajes del sistema financiero en el BCRA, con destino específico al financiamiento agropecuario. Alternativamente el Tesoro nacional proveerá al sistema financiero de compensaciones por los diferenciales de tasa a aplicar. Se estima que sobre un monto de financiamiento anual del orden de 2.000 millones de pesos, el costo de estos subsidios no debiera superar los 60 millones de pesos, considerando una bonificación de tres puntos en las tasas de interés anuales. Serán consideradas beneficiarios de esta operatoria aquellas personas físicas o jurídicas que demuestren fehacientemente (a través de sus declaraciones juradas de impuestos) que sus ingresos provienen de la actividad agropecuaria en al menos un 75% durante los últimos cinco (5) años, y cuyos ingresos brutos anuales por esta actividad no superen lo que fija la Secretaría Pyme para micros, pequeñas y medianas empresas.
* Refinanciación de pasivos agropecuarios generalizada a todo el sistema financiero, con recálculo previo de la deuda. Deberá contemplar un plazo no inferior a 20 años, a tasa de interés Libor más 2 puntos, incluyendo en estos los gastos de administración bancaria. Se diferenciarán los pasivos en situación irregular de aquellos que permanezcan en "cartera activa". Para ellos se extenderá a todo el sistema financiero la metodología empleada por el BNA en la refinanciación de pasivos recientemente dispuesta.
* Los pasivos que permanezcan en cartera activa podrán ser refinanciados, a opción del deudor, a un plazo no superior a 10 años y con cualquier metodología enunciada anteriormente para los pasivos irregulares. El monto máximo a refinanciar por deudor (por el total consolidado de pasivos financieros) no podrá exceder los 500 mil pesos en origen.
* Incorporar a las cooperativas agropecuarias, acopiadoras locales y asociaciones de productores en el mismo sistema de refinanciación realizado por el BNA a 20 años para productores agropecuarios.
Garantías
Se requiere la consolidación y multiplicación de los sistemas de garantías recíprocas. El problema de los productores que hoy no son sujetos de crédito no se reduce sólo al tema de garantías, sino además, a su situación irregular en cuestiones bancarias, comerciales, impositivas y previsionales. En este sentido, será necesaria la promoción e incentivo de nuevos instrumentos y mecanismos alternativos para su financiamiento, tales como: fondos fiduciarios, sistemas de leasing, etc.
Impuestos y costos
* Es necesario un sistema tributario simple, claro, ecuánime, generalizado y de fácil control. Los incentivos deben provenir de subsidios acotados, transparentes y para fines específicos.
* El sentido redistributivo de la política tributaria debe provenir, fundamentalmente, de la elevación de los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias para las pymes (hasta 1.000.000 de pesos se aplicará una tasa máxima del 10% y a partir de allí un aumento progresivo quedando constante a la tasa mayor a partir de 3.000.000 de pesos), y de realizar mecanismos de desgravación anticipada como el de amortizaciones aceleradas de inversiones. También se deberán eliminar los impuestos distorsivos como a la ganancia mínima presunta, sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario, y el impuesto sobre los combustibles.
* Con referencia a la Transferencia de Combustible (ITC) se propone, hasta tanto se elimine, posibilitar la utilización de lo pagado por este impuesto para compensar el pago de cualquiera de los impuestos y/o cargas previsionales nacionales que afectan al productor agropecuario.
* Como criterio general debe procederse a la inmediata desregulación en la prestación de servicios en general, fomentando la competencia.
* Con referencia a las concesiones de peaje, se requiere la inmediata reducción de las tarifas a los niveles que la legislación establece.
* Hasta tanto no se elimine el impuesto sobre la ganancia mínima presunta, se debe elevar el mínimo exento a $5.000.000 de pesos (en concepto de activo).
* Mientras no se defina un sistema alternativo del IVA, se deberá instrumentar la progresiva reducción en toda la economía, con la eliminación de retenciones y percepciones anticipadas del impuesto. Se propone una reducción total de 6 puntos porcentuales del IVA.
* Normalización inmediata de todos los atrasos en devoluciones de impuestos a la exportación y la libre disponibilidad de todos los saldos a favor de los contribuyentes.
Riesgo agropecuario
* Abaratar los seguros pertinentes a través de la eliminación de los impuestos sobre las primas y la generalización y apertura de esta área de servicios y los subsidios de las tasas por parte del Estado.
* Promover las operaciones en mercados internos y externos estimulando los acuerdos de precios y la participación de la cadena de valor, interviniendo con fondos de estabilización de precios sin que ello implique introducir prácticas reñidas con la sana competencia. * Formación de un fondo de emergencia agropecuaria a nivel federal (o un fondo nacional y fondos provinciales) financiado con el aporte de los Estados intervinientes y el de los productores, quienes tendrán a su cargo el control.
Desarrollo Rural
* Creación de un Instituto de Desarrollo Rural con el objetivo específico de promover la reconversión y desarrollo de los pequeños y medianos productores, tanto campesinos como empresariales. La organización de este instituto no significará una nueva estructura además de las ya existentes, sino que será reunir a los programas ya existentes bajo una misma estructura.
Tecnología
* Es necesario preservar la condición de banca pública para el actual BNA y bancos oficiales de provincia, más allá de las adecuaciones estructurales que demande cada uno de ellos para lograr una mayor eficiencia.
* Se propone que la autoridad monetaria libere encajes del sistema financiero en el BCRA, con destino específico al financiamiento agropecuario. Alternativamente el Tesoro nacional proveerá al sistema financiero de compensaciones por los diferenciales de tasa a aplicar. Se estima que sobre un monto de financiamiento anual del orden de 2.000 millones de pesos, el costo de estos subsidios no debiera superar los 60 millones de pesos, considerando una bonificación de tres puntos en las tasas de interés anuales. Serán consideradas beneficiarios de esta operatoria aquellas personas físicas o jurídicas que demuestren fehacientemente (a través de sus declaraciones juradas de impuestos) que sus ingresos provienen de la actividad agropecuaria en al menos un 75% durante los últimos cinco (5) años, y cuyos ingresos brutos anuales por esta actividad no superen lo que fija la Secretaría Pyme para micros, pequeñas y medianas empresas.
* Refinanciación de pasivos agropecuarios generalizada a todo el sistema financiero, con recálculo previo de la deuda. Deberá contemplar un plazo no inferior a 20 años, a tasa de interés Libor más 2 puntos, incluyendo en estos los gastos de administración bancaria. Se diferenciarán los pasivos en situación irregular de aquellos que permanezcan en "cartera activa". Para ellos se extenderá a todo el sistema financiero la metodología empleada por el BNA en la refinanciación de pasivos recientemente dispuesta.
* Los pasivos que permanezcan en cartera activa podrán ser refinanciados, a opción del deudor, a un plazo no superior a 10 años y con cualquier metodología enunciada anteriormente para los pasivos irregulares. El monto máximo a refinanciar por deudor (por el total consolidado de pasivos financieros) no podrá exceder los 500 mil pesos en origen.
* Incorporar a las cooperativas agropecuarias, acopiadoras locales y asociaciones de productores en el mismo sistema de refinanciación realizado por el BNA a 20 años para productores agropecuarios.
La Ciudad
