Después de tres años consecutivos de recesión, los metalúrgicos se toman la firma del primer acuerdo sectorial pro competitivo con la Nación y las provincias con mucha cautela. El convenio que se selló el viernes pasado entre el gobierno nacional, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, empresarios y sindicatos, promete una rebaja del 30% de los costos de producción para el sector de bienes de capital a través de un compromiso de reducción impositiva por parte de la Nación y las provincias, y a cambio de una rediscusión de los convenios colectivos de trabajo entre patronal y gremio.
La rúbrica de este documento _el primero de la saga de una serie de medidas para la reactivación productiva según las intenciones públicas del ministro de Economía, Domingo Cavallo_ encuentra a la industria metalúrgica inmersa en la peor crisis de su historia.
La metalurgia tiene un fuerte arraigo en Santa Fe, que surgió con el proceso de sustitución de importaciones que se desarrolló a partir de mediados del siglo pasado. Con la apertura de los mercados, el sector sufrió en carne viva el cierre de empresas grandes, pequeñas y medianas, por la irrupción masiva de productos extranjeros y la falta de reflejos de muchos empresarios para renovar su capital tecnológico. La crisis se generalizó con una creciente carga impositiva que ahogó financieramente a quienes habían logrado superar la primera embestida. Hoy, el metalúrgico es un sector fuertemente endeudado y con serios problemas de competitividad.
Conformado en su gran mayoría por pymes de menos de 40 empleados, este sector es dador en el país de más de 100 mil puestos (unos 30 mil en el segmento de los fabricantes de bienes de capital), y es el responsable, además, del 60% del producto bruto industrial nacional y del 48% del producto bruto santafesino. En Italia, por ejemplo, ese porcentaje trepa al 82%.
Pero hace falta un breve repaso por algunos datos para advertir la gravedad del proceso de destrucción _tal como lo califican los representantes del sector_ al que asiste esta industria desde hace unos diez años. Por ejemplo, de los más de 300 mil empleados registrados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a fines del 89, queda menos de la mitad, unos 120 mil. Y un ejemplo más que significativo del problema del sector a mediano y largo plazo: de esos 120 mil empleados, en el último mes sólo se registró el pago de aportes por unos 40 mil trabajadores.
En la región, desde la Asociación Industriales Metalúrgicos, manifestaron que de las 800 empresas asociadas a principio de los 90, ahora se cuentan unas 300.
Empresarios consultados por La Capital con motivo de la firma del denominado "Convenio para la generación de empleo y el mejoramiento de la competitividad" que se rubricó el viernes en Casa de Gobierno, coinciden en que la acción promovida por Cavallo es una "buena señal" pero que de no verse acompañada por una recuperación de la actividad económica en los próximos meses quedará plasmada sólo en las fotos. Es más, los empresarios y gremios del sector habían elevado un pedido para que se incluya a todos los metalúrgicos y no sólo a los productores de bienes de capital, lo que por el momento no se hizo extensivo.
La evaluación de los empresarios es contundente: los beneficios devenidos del acuerdo no alcanzan por sí solos para escaparle a la crisis.
"Por más que me regalen la máquina, si no tengo mercado para qué la quiero", repiten casi al unísono representantes del sector y empresarios de otros rubros. Claro, en materia económica no suele haber procesos de resultados inmediatos ni descolgados del contexto, por lo tanto, se necesitará un clima socioeconómico más propicio para que haya inversión y un terreno bastante más fértil que el actual para pensar en la generación de nuevos puestos de trabajo.
De todos modos, para aquellos que se sostienen en la actividad ("todavía no estamos muertos", aseguran), el acuerdo, que en principio es hasta el 2003, es auspicioso y con resultados que pueden ser más o menos palpables en el mediano plazo. Especialmente para los más castigados como maquinaria agrícola y carroceros (en la zona de Rosario quedan sólo algunos pocos exponentes cuando fue una de la regiones más fuertes del sector).
Entre los beneficios derivados del convenio se encuentran: por parte de la Nación, el incremento del reintegro a las ventas locales de bienes de capital del 10 al 14%; eximición del pago del impuesto al endeudamiento empresario; eximición del pago del impuesto a la renta mínima presunta; eximición del pago de las contribuciones patronales; reducción del IVA a la venta de bienes de capital al 10,5%. Por parte de las provincias, eximición del pago de impuestos a los ingresos brutos en la etapa industrial (en Santa Fe ya están exentos); aporte del 2% como subsidio de la tasa de interés de los créditos destinados a bienes de capital del Banco Nación (7%); eliminación de todas las regulaciones no laborales que traban la inversión, producción y comercialización, un ítem lo bastante amplio como para advertir qué resultados concretos tendrá. Sobre esta cuestión, los industriales santafesinos muestran sus primeras dudas, ya que la promesa de la eliminación de la ley 5110 (que grava la mano de obra) viene de larga data no se ha concretado.
Como contrapartida, los empresarios se comprometen a no efectuar despidos, trasladar la rebaja impositiva a los precios y discutir con los gremios los términos del convenio colectivo de trabajo.
En este último punto surgen también algunas reservas. Según pudo conocer este medio, tanto empresarios como gremios no creen que este sea el momento de embarcarse en una discusión de esas características ya que, admiten, de hecho se viene dando una flexibilización, empujada por las difíciles circunstancias que atraviesa el sector. Utilizar tiempo y energía para modernizar y adaptar los convenios a la realidad (reconocen que el convenio es obsoleto en muchos de sus aspectos centrales) es leído por los protagonistas como un "demora" en la puesta en marcha de cuestiones más fundamentales como el retorno a la competitividad. Según el acuerdo, las partes tienen no menos de seis meses y no más de dos años para adaptar los convenios de trabajo, además de la clara presión del Ministerio de Trabajo por obtener lo que muchos entienden como la frutilla del postre.
Un poco cada uno
Los empresarios metalúrgicos, que reconocen las ventajas de un primer acercamiento formal en pos de la competitividad por parte de los sectores públicos y privado, aprovechan el protagonismo en esta escena para reformular reclamos y acercar otros. Así, aparece con una fuerza inusual la solicitud de un mayor compromiso con la producción por parte de los municipios. En rigor, los metalúrgicos locales le están pidiendo a la Municipalidad de Rosario que derogue el derecho de registro e inspección y que no se incluyan impuestos municipales en las facturas de la luz y el gas.
A la provincia, le piden que acelere la derogación de la ley 5110 y hasta hay una propuesta de mínima que aunque no se dice se baraja: que lo reduzcan en un 50%.
Al gobierno, que implemente con urgencia su parte del convenio y que ejerza un inmediato control de la importación, el principal flagelo, según advierten.
Como primer paso, el convenio se firmó y "por esta vez fuimos nominados, pero no para irnos", dice, con cierta ironía un empresario local del rubro. Su declaración demuestra que aunque no quieren ser derrotistas, en este juego de la supervivencia, los metalúrgicos pelean a diario con el temor de no poder torcer el destino de una economía deteriorada y luchan contra la duda de poder recuperar el mercado perdido.
La Ciudad
