Eduardo Valverde
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró a La Capital que esa entidad, que procura devolver su identidad a los hijos de detenidos desaparecidos apropiados en forma ilegal, "consiguió revertir el proyecto de la dictadura procesista" implementada por los militares a partir de 1976, que consistía en que sus nietos "se criaran donde y con quienes ellos querían, con la historia falsa que habían inventado".
La titular de la organización defensora de los derechos humanos asistió a unas jornadas organizadas por la Universidad Nacional de Rosario para repudiar al golpe de Estado de 1976 y dialogó extensamente con este diario.
-¿Cuál es el balance que hacen las Abuelas de los logros alcanzados luego de tantos años de lucha?
-Teniendo en cuenta que ya llevamos casi veinticuatro años de labor grupal, no institucional, puedo asegurar que no pensábamos tener una organización permanente y tan burocrática como la que tenemos. Creemos que hemos conseguido revertir el proyecto de la dictadura procesista, que consistía en que nuestros nietos se criaran donde y con quienes ellos querían, con la historia falsa que habían inventado. Hemos encontrado hasta ahora a 71 de nuestros nietos, lo cual es una cantidad pequeña si se considera que son 240 los que estamos buscando, al margen de que hay una estimación que habla de quizás más de 500 casos. Ocurre que es una tarea sumamente ardua encontrarlos en la nada, por la escasez de datos con que contamos.
-¿Se ha modificado la metodología de trabajo con el paso del tiempo?
-En los últimos años, tenemos una nueva estrategia institucional, ya que lógicamente nuestros nietos ahora son adultos y tienen alrededor de 22 ó 23 años. Esta nueva modalidad consiste en llamar la atención de estos chicos que tienen dudas sobre su identidad para que vengan a vernos y sepan que los estamos esperando. Esto se hace a través de campañas televisivas, mediante spots, o mensajes radiales, hechos por artistas jóvenes que los motivan, sumado a conciertos de bandas de rock que nos acompañan, películas documentales y muestras gráficas. Hemos obtenido grandes resultados y se han acercado a la institución centenares de jóvenes con inquietudes acerca de su identidad.
-¿Qué evaluación hace de la tarea de los jueces en torno a los casos de apropiación de menores hijos de detenidos-desaparecidos?
-Creo que ahora existe una apertura, una disposición de los jueces, que ahora no necesitan que los incentivemos. Como ejemplo de esto, tenemos el caso del juez Arnaldo Corazza, de La Plata, quien a través de una causa ya resuelta de una niña nacida en cautiverio ha puesto en la cárcel a los ex policías Jorge Bergez y Miguel Etchecolatz. La jueza (María) Servini de Cubría es impecable en estos casos y encarceló a (Emilio Eduardo) Massera, así como el juez (Roberto) Marquevich, de San Isidro, quien restituyó a varios chicos y en su momento detuvo a (Jorge Rafael) Videla. En cuanto al ex juez (Adolfo) Bagnasco, dentro de lo que fue el caso del plan sistemático de apropiación de menores nacidos en cautiverio, sumó a los nombrados otros nueve militares detenidos. No debemos olvidar al juez (Gabriel) Cavallo, quien acaba de ordenar en el marco de la causa de Claudia Victoria Poblete la prisión del Turco Julián, además de decretar, a pedido del Cels, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
-¿Qué expectativas tiene en torno a esa decisión del juez Cavallo?
-El fallo contiene argumentos muy fuertes y sólidos como para que esto prospere, si bien seguramente será apelado ante la Cámara y la Corte Suprema. El máximo tribunal en su momento declaró la constitucionalidad de esas normas, pero han pasado muchos años y está más que probado que estas leyes fueron totalmente inútiles y perturbadoras del proceso democrático. No se consiguió lo pretendido, es decir el olvido, el no buscar justicia. El pueblo está reclamando que se juzgue a los responsables, porque no quiere convivir con ellos. La Corte debería considerar lo que el propio Raúl Alfonsín dijo en su momento, sobre que había promovido su sanción bajo presión de los militares, lo que habla a las claras de su ilegalidad. Esto vendría muy bien para sanear las Fuerzas Armadas.
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La Ciudad
