El juez federal Jorge Urso pedirá esta semana colaboración al titular del Banco Central, Roque Maccarone, para reconstruir la maniobra financiera del escándalo de las armas, en tanto el empresario Emir Yoma ampliará su declaración indagatoria días antes de que se cumpla un mes de su sorpresivo arresto. Además, el jueves, la Corte Suprema de la Nación analizaría, en un acuerdo extraordinario, el planteo presentado por el procesado general del Ejército (r) Antonio Vicario para que el máximo tribunal declare que la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia constituye un asunto "no justiciable".
El juez Urso también volverá a interrogar a Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir y ex pareja del defensor, Mariano Cúneo Libarona, quien ha impugnado a su ex mujer como testigo.
Yoma ampliará su declaración indagatoria el jueves o el viernes próximos. El empresario fue detenido el 7 de abril pasado y ahora cumple prisión preventiva como presunto organizador de una banda delictiva que habría traficado armas y municiones a Ecuador y Croacia.
Para el fiscal Carlos Stornelli, el ex presidente Carlos Menem fue el jefe de la asociación ilícita que organizó Emir. Por eso pidió el martes pasado que el ex presidente sea convocado a declarar como acusado.
"Lo más estúpido que escuché"
El pedido de Stornelli cosechó furibundas críticas desde el justicialismo, como la del propio Menem, quien consideró que el pedido de indagatoria en su contra "es de lo más estúpido que escuché en mi vida", por considerar que "hablar de asociación ilícita por la venta de armas a dos países como Venezuela y Panamá es una enormidad".
En un reportaje publicado ayer por un matutino porteño, el riojano enfatizó que "de ahí a decir que hubo venta ilegal y que hubo asociación ilícita, esta acusación es de lo más estúpido que escuché en mi vida".
La situación planteada hizo que el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde saliera ayer a reafirmar que no coincide con los argumentos del fiscal, aunque aseguró que "si tiene que ir preso, que vaya preso".
Mientras, y si bien Urso aún no decidió si accederá al reclamo del fiscal que formuló cargos contra Menem por un delito que deja fuera toda posibilidad de excarcelación, se descuenta que lo citará a declarar y que también llamará al ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmante de los cuatro decretos del escándalo.
El juez, de todos modos, no está obligado a responder al fiscal, carece de plazos perentorios para adoptar una decisión y tiene la facultad de citar o no a Menem bajo la imputación penal que crea ajustada al expediente. En cualquier caso, Urso dijo que se tomará su tiempo y que no sufre presiones políticas.
De acuerdo con información que parte de fuentes judiciales, el magistrado se reunirá el miércoles con Maccarone para precisar los datos bancarios que necesita para avanzar en la pesquisa atinente al dinero sucio de la venta de armas al exterior.
Después, escuchará a Emir y definirá el cronograma de nuevas audiencias: los ex ministros de Defensa, Oscar Camilión y Antonio Erman González, así como el ex jefe del Ejército, Martín Balza, serán convocados bajo cargos de asociación ilícita. A la nómina podría sumarse el ex canciller Guido Di Tella.
El juez también podría ordenar la indagatoria del actual embajador de Argentina en Estados Unidos, Guillermo González, quien habría intervenido en el proyecto del decreto 103/95 -que autorizó una exportación ficticia de armas en realidad vendidas a países en guerra- cuando era subsecretario de la Cancillería.
González fue uno de los involucrados por la resonante confesión que formuló el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, que el lunes último recuperó la libertad tras dos años y medio de cárcel.
En busca de una estrategia conjunta
Los hombres de la administración Menem que ahora están bajo sospecha han cruzado acusaciones, pero sus abogados mantienen frecuentes reuniones para analizar estrategias.
En esos encuentros prosperó la iniciativa que finalmente llevó a cabo el abogado penalista Francisco D'Albora (h), quien junto a su padre (homónimo) patrocinó a Domingo Cavallo en los múltiples problemas judiciales que afrontó cuando en 1996 se vio forzado a alejarse del gobierno de Menem.
D'Albora recurrió a la Corte para plantear que, si el oscuro negocio de las armas constituyó una decisión del Poder Ejecutivo, entonces no es un asunto justiciable.
Fuentes judiciales aseguran que la Corte comenzaría a ocuparse de ese planteo el jueves, y si comparte ese razonamiento, el expediente será nulo, sin apelaciones.
La Ciudad
