Niños privados de libertad

Este diario se ocupó del drama de los niños que permanecen privados de la libertad en el país sin haber cometido delito alguno. Son más de 15 mil los chicos que, por decisión judicial, están alojados de manera compulsiva, es decir, sin posibilidades de entrar y salir con libertad, en los 500 institutos de menores existentes. A ellos se agregan otros 3.300 mayores de 14 años que sí se hallan bajo arrresto por haber delinquido.
Esto sucede a raíz de la aplicación de la ley 10.903 (de patronato, también conocida como ley Agote), sancionada en 1919. Esa norma se inspiró en los tribunales creados a fines del Siglo XIX en Estados Unidos, cuando cobró vigencia la teoría de que el Estado debe apartar y poner bajo custodia a menores que en el futuro pudieran representar un "peligro" para la sociedad. Ello debido a sus problemas, sus características individuales o su condición social.
A fines del año pasado el Ministerio de Desarrollo Social y los titulares de las áreas respectivas en las provincias, así como el Consejo Federal del Niño, la Niña y el Adolescente, demandaron la derogación de la ley de patronato o ley Agote. Le reprochan haber creado un sistema según el cual los jueces de menores tienen poderes ilimitados sobre niños víctimas de problemas, como abandono o violencia familiar. Poderes con los cuales disponen internaciones por tiempo indeterminado que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no entraña otra situación que una lisa y llana privación de libertad.
Sin dudas que el problema de la niñez abandonada y/o agredida es enorme y complejo. Sin dudas también que no se concibe que un chico que no ha cometido delito alguno sea remitido a una institución que, por las enormes carencias de todo tipo del sistema, lejos de asegurar su desarrollo humano pleno y sano, así como su reinserción social luego del abandono o la agresión, facilita su ingreso en la marginación absoluta, camino que, de manera inevitable, conduce al delito. Tanto es así esto que aquí se dice que el 70 por ciento de los menores autores de robos y muertes han pasado antes por esos organismos de reclusión infantil.
Pero si sobre lo antedicho no existen dudas, sí las hay, y en grado sumo y muy fundadas, sobre aquello que habría, podría y debería hacerse, para reemplazar ese sistema por otro mejor. En un país tan complejo y crítico como el nuestro, una decisión de tal naturaleza es altamente problemática. Es que tal reemplazo deberá ceñirse a la más absoluta realidad, ya que bien probado está que las utopías, por más perfectas que aparenten ser, siempre tienen poquísimas posibilidades de materializarse con éxito. En líneas generales, esto significa que aquello que siempre queda es una enorme frustración, junto con un problema más agravado todavía.