La supuesta organización montada en la Dirección de Registración e Inspección parece no agotarse en la denuncia judicial contra el ex jefe de Espectáculos Nocturnos, Julio José Occhi, y sus colaboradores Andrés Segovia y Maximiliano Aydar, ahora procesados. Fuentes calificadas de la repartición consideraron que este escándalo "constituye un caso mediático en el que se oculta el resto de los empleados-gestores de trámites municipales", quienes cobrarían por acelerar expedientes de habilitación a comercios. La cuestión no es nueva, ya fueron sumariados el subjefe y un inspector del departamento técnico por irregularidades en su desempeño. Estos agentes integrarían junto a otros el denominado comando Tatú, encargado de "acelerar y viabilizar" los expedientes por cifras que alcanzarían los cuatro ceros. "Todas estas operaciones son imposibles sin el guiño del sindicato, incluso habría un delegado gremial directamente vinculado a los hechos", dijo un inobjetable informante, quien recordó: "Hay 7.000 expedientes en el área técnica sin resolución, allí se pueden encontrar una caja más grande que la de los boliches".
La piedra del escándalo comenzó con Occhi, Aydar y Segovia cuando un grupo de empresarios de la noche los denunció ante la Municipalidad porque los agentes municipales les exigían el pago de coimas con el fin de impedir la clausura de sus locales. Luego, el Ejecutivo hizo su descargo ante la Justicia donde se ventilaron más detalles de la causa, que ya arrojó el procesamiento de los tres empleados (ver aparte).
Pero el tráfico de influencias no se agota en el negocio de la noche. Distintas fuentes consultadas por La Capital coincidieron en señalar que varios agentes de Registración e Inspección "armaban expedientes" a contribuyentes previo pago por los servicios prestados.
Según los testimonios recabados, la maniobra recaudatoria que se pondría en funcionamiento tendría varios pasos. Cuando un contribuyente solicita la habilitación de un comercio, un inspector concurre al lugar a realizar una primera inspección técnica. "A la persona se la intimida inventando requisitos que no existen y así le embarran la cancha hasta que, desesperados, muerden el anzuelo", narró un empleado. También se ofrecía dibujar los planos en el caso de que se llegara a un acuerdo y al solicitante sí le faltara cumplir con alguna exigencia.
Allí se incorpora el comando Tatú (nombre que estaría relacionado a los apellidos de sus integrantes), bajo las órdenes de un inspector -con llegada al gremio de los empleados municipales-, quien haría las veces de "gestor" de toda la tramitación.
Un empleado de Registración diseñaría los planos para que el trámite no tenga escollos y dos agentes de la Dirección de Obras Particulares le estamparían el sellado de "visto bueno", haciendo la vista gorda de lo actuado anteriormente. Como broche de oro, y según se relató desde el área, los supervisores también estarían "en la joda", con lo cual les darían el okey a los trámites que vienen con "el guiño de los gestores".
Impunidad
Pero la impunidad que opera en la repartición sería tal que por más que una inspección detecte la apertura irregular de un local, los contactos del comando Tatú podrían "parar" esa efectivización de la clausura.
Una ex agente de la repartición recordó: "Por este favorcito a cada local le pasan la gorra por semana y se llevan 20 pesos en negro, equivalente al pago de la tasa de Derecho de Registro e Inspección (Drei)".
La maraña burocrática que implica la habilitación de un comercio es, sin dudas, el caldo de cultivo para el florecimiento de los denominados empleados-gestores, más preocupados en "ayudar" al contribuyente que en realizar correctamente sus tareas.
Un alto miembro del Ejecutivo se animó a confesar: "Estos tipos están identificados. Son 12, dos en el departamento Técnico, dos en el área Clausuras, otros dos en Obras Particulares, tres de Espectáculos Nocturnos (que ya están procesados), un empleado cercano al gremio y dos supervisores técnicos".
Respecto de los agentes en capilla, desde la Dirección Sumarios se informó que los sancionados serían el subjefe del departamento Técnico, Martín Gaiteri, y el inspector Eduardo Briamonte, quienes habrían firmado "expedientes afirmando cosas que en la práctica no existían", aseguró un informante a La Capital.
La sospechada conexión gremial
Pero existiría un nexo entre el denominado comando Tatú y el ex jefe de Espectáculos Nocturnos, Julio Occhi. Varios informantes de la repartición refieren al mismo hecho: "Uno de los sospechados, que tiene contactos con el gremio, salió a defender a Occhi porque actuaban en paralelo", dijeron a coro, y apuntaron: "Incluso la mujer de este agente cuestionado es gestora de trámites municipales".
Un dato apoya esta versión. Cuando Occhi fue sometido a la Junta Municipal de Disciplina, integrada por el sindicato y el Ejecutivo, los votos del gremio fueron en apoyo al agente procesado por la Justicia.
Otra fuente que conoce el despacho del secretario de Gobierno indicó a La Capital que "cuando se produjo la detención de Occhi, los caciques del sindicato pidieron una reunión urgente con (Antonio) Bonfatti, para atacar a la titular de Registración, Analía Antik".
Un experimentado inspector, que pasó por varias reparticiones del municipio, insistió con el tema: "Es difícil probar estas maniobras si no existen denunciantes perjudicados por estos gestores, pero puedo asegurar que en las áreas Técnica, Clausura y Obras Particulares está la gran caja negra que recaudó igual o más que en el negocio de la noche". ¿Será la punta de un iceberg?
La Ciudad
