El gobierno provincial instó a los medios periodísticos y a la población en general a que denuncien en la Justicia todo hecho conocido sobre los mecanismos institucionales de recaudación ilegal en la policía rosarina. La exhortación la formuló el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, que pidió "coraje" a la gente para acudir a los Tribunales provinciales. "Hay una causa penal abierta por nuestras instrucciones y ahora precisamos pruebas", dijo el titular de la cartera política. La invitación del gobierno reserva una paradoja: uno de los funcionarios actuales del ámbito de la seguridad pública apeló a La Capital, hace cinco años y en forma anónima, para dar cuenta de una extorsión de altos oficiales de la Jefatura de Rosario. Esa denuncia terminó con el descabezamiento de la cúpula de una sección policial por un hecho de corrupción similar a los que alimentan las cajas negras de la fuerza.
El informe especial publicado por La Capital el domingo dio cuenta del modo en que la policía rosarina, en forma estructural, constituye un presupuesto clandestino en base a la protección de acciones ilícitas o para no dificultar actividades legales. Allí quedó planteado que los fondos siguen un recorrido escalafonario de abajo hacia arriba y que el monto constituido, según informantes calificados de la propia policía, ronda los 300 mil pesos por mes.
Esta revelación tuvo ayer dos efectos concretos. Por un lado, la directora de Asuntos Internos de la policía provincial, Leyla Perazzo, compareció en los Tribunales de Balcarce al 1600. Allí quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Carina Lurati, la nueva causa sobre la conformación de las cajas negras policiales. Este expediente se acumula a uno iniciado hace 15 días para investigar sobornos a empresarios de la noche.
La segunda consecuencia del informe publicado por este diario fue la lectura de un comunicado por parte del ministro de Gobierno de Santa Fe, Angel Baltuzzi, en el que se fijó posición oficial ante la denuncia. El ministro no admitió preguntas. El documento deja constancia de que Asuntos Internos efectuaría la acción pública para llegar, en un proceso legal, a esclarecer la verdad.
Más tarde Baltuzzi, en Canal 3, exhortó a la población y a la prensa a que abandonaran el anonimato y detallaran lo conocido sobre el funcionamiento de las cajas negras en la Justicia. El comportamiento de gente que, a menudo por temor, revela información sin aportar su identidad tiene un ejemplo dentro del mismo gobierno provincial. Hace casi cinco años un funcionario que hoy es uno de los máximos responsables de la seguridad pública santafesina se comunicó con este diario para dar cuenta de una extorsión cometida por dos jefes policiales rosarinos. El funcionario reveló entonces que oficiales de la ex sección Robos y Hurtos le habían pedido 20 mil dólares a un amigo suyo que, sin saberlo, tenía mercadería irregular en un depósito. Ese caso terminó con la remoción de cuatro oficiales. Dos de ellos integraban la cúpula de Robos y Hurtos.
En esa ocasión, el funcionario se comportó como las fuentes que, en el reciente informe de este diario, dieron cuenta del esquema recaudatorio institucional de la policía rosarina: dijo lo que sabía y pidió reserva de identidad. Este diario cumplió con lo pactado e inició una investigación periodística que terminó con los relevos.
El funcionario, que revista en el área del Ministerio de Gobierno, siguió entonces el mismo procedimiento de otra gente que ahora, frente al caso de las cajas negras policiales, aporta información al diario: pidió no ser identificado pero contó un hecho verosímil y con lujo de detalles. Que luego derivó en una sanción profesional para cuatro oficiales.
El 17 de septiembre de 1996 se produjeron los relevos. La denuncia decía que un fabricante de trapos de piso, Ernesto Vecchi, había sido visitado por funcionarios policiales de Robos y Hurtos, quienes le exigieron 20 mil dólares para no denunciar que un cargamento de fibra de algodón que tenía en su depósito de Cochabamba al 5200 era robado. Investigó el juez de instrucción Adolfo Prunotto Laborde.
El caso terminó con los relevos de los comisarios Ricardo Zárate, Daniel Paquez y Carlos Vanelli. Todos ellos hoy están en actividad en la policía. Fuerza en la que este funcionario público tiene responsabilidad.
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La Ciudad
