El acceso a la vivienda se cuenta entre los "derechos sociales básicos, una expresión de lo que se conoce como ciudadanía social", sostiene la antropóloga rosarina Cristina Bloj. Sin embargo, quien pasa de la villa a una urbanización suele percibir ese tránsito con contradicciones. ¿Por qué? "Porque estar legal es estar legal en todo, y ese punto es siempre ambiguo para los beneficiarios", ya que la satisfacción del derecho a la vivienda viene con compromisos y obligaciones. "El problema es que los programas de vivienda suelen estar desarticulados de otro tipo de cuestiones, como son los programas de empleo: se da una carta de ciudadanía en un sentido, pero desarticulado de lo que sería una ciudadanía más cabal". Ese punto es percibido incluso por los propios profesionales y técnicos del SPV. "No es raro que los programas carezcan de una visión integral de las condiciones de vida de la gente e incurran en la desarticulación. Para relocalizar a una población, por ejemplo, hay que hacer gestión de ingreso escolar, explorar la capacidad de los centros de salud y los centros Crecer, contemplar las necesidades de transporte y otros aspectos", recuerda el antropólogo Claudio Vizia.
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