El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Mirás, debió interceder para que un grupo de vecinos de Pichincha no hiciera "justicia por mano propia", hartos de las noches que de jueves a domingo les hacen pasar los boliches instalados en la zona. La bronca, sobre todo de los que viven por avenidas Rivadavia y del Valle, los llevó a amenazar con "acciones violentas", como el uso de bombas Molotov, quema de gomas y cortes de tránsito, porque a las cinco disco ya instaladas se sumarán en breve otras dos. Hasta ayer la cosa no había pasado a mayores por la mediación de Mirás, quien anteanoche se reunió con los vecinos para apaciguar los ánimos y prometer una mediación ante la Intendencia. Sin embargo, ayer nadie ponía las manos en el fuego. "Si la Municipalidad no toma cartas en el asunto imponiendo controles en la zona no sé qué puede pasar", advirtió uno de los vecinos más moderados. Mientras, el propio Ejecutivo y los concejales ya piensan que será indispensable "replantear íntegramente la ordenanza 6.326", que indica entre las zonas de radicación promovida para boliches justamente la que por estas horas aparece como centro de la hoguera.
La furia de los vecinos apunta a distintos efectos que padecen por la presencia de los boliches. Los linderos de las disco ponen el acento en el nivel de ruido que sufren dentro de sus hogares, pero se suman a quienes, en las cercanías, también denuncian la parafernalia que se desata los fines de semana en la calle.
Y no se andan con vueltas: aunque siguen reclamando que los controles municipales se ejerzan, a esta altura su reclamo es radical. Quieren que los boliches desaparezcan del barrio y que las zonas promovidas pasen a ser no residenciales. Proponen, por ejemplo, el área del puerto o del parque Scalabrini Ortiz.
También dicen que para "acallarlos" los propietarios de boliches "probaron con el soborno". Por ejemplo, le ofrecieron mil pesos a un vecino para "que se vaya a un hotel o alquile una casa en Funes los fines de semana" y a otra "le dejaron seis bolsas de alimentos de primera calidad". Pero los derechos y el amor propio, afirman, pueden más.
Autocríticas y mea culpa
Lo paradójico es que, apenas un año después de que la norma entrara en vigencia y los boliches debieran mudarse a las zonas especialmente elegidas para su instalación, el Ejecutivo municipal y los concejales advierten que se equivocaron.
"Hay que cambiar la ordenanza", se despachó ante La Capital el secretario de Gobierno municipal, Antonio Bonfatti. Palabras más, palabras menos, fue lo mismo que dijeron los concejales Oscar Urruty (PPS), Adriana Taller (UCR) y Sergio Liberati (socialista).
El secretario político admitió que "los vecinos tienen razón en protestar", pero se excusó al plantear que sin un cambio de la norma no puede prohibir al titular de un boliche instalarse en un lugar que está explícitamente promovido, a riesgo de comerse un recurso de amparo.
La pregunta es si en el 96, año de sanción de la ordenanza, y en el 2000, al introducirle modificaciones, no se sabía ya cuál sería el perfil urbano y residencial, por ejemplo, en la zona de Pichincha. "Hay que rediscutir la ordenanza, y tanto el Ejecutivo como el Concejo debemos hacer una autocrítica", se sinceró Urruty.
Justamente por eso, el edil adelantó que la semana próxima, tras una reunión que el martes mantendrán los vecinos de Pichincha en el Concejo, presentará un proyecto sobre el tema. Los puntos más salientes consistirán, en lo inmediato, en sacar al barrio del listado de áreas promovidas para la radicación de boliches y, luego, proponer una revisión muy cuidadosa de la norma, que hasta podría incluir nuevos plazos de reubicación de las disco en un área no conflictiva.
Taller coincidió con su par. "Desde el 96 la trama urbana cambió mucho; en particular, se fue concretando la total apertura de la ciudad al río y Pichincha se revalorizó". Ese y otros factores implican ahora que "está la puerta abierta para rediscutir soluciones de fondo en busca de nuevas zonas de radicación".
Una postura similar esgrimió Liberati, convencido de que "si la norma no se ajusta a la realidad hay que modificarla". Su propuesta apunta a buscar "lugares amplios, con fácil acceso, infraestructura y seguridad para nuevas radicaciones". Respecto de las disco ya instaladas en las zonas que el propio Concejo aprobó, el edil oficialista coincidió con sus pares en que podría haber plazos y facilidades para la reconversión.
Otro punto de acuerdo entre los ediles es que parte del caos que denuncian los vecinos podría ser mitigado con "racionalidad" y el simple "cumplimiento estricto del control que les cabe a la Municipalidad y la policía". Por ejemplo, Urruty recordó que los dueños de las disco deben solventar la contratación de dos agentes de policía y dos de Tránsito para controlar el área "y no para hacer de patas de plomo o para que les despejen el estacionamiento de sus propios autos".
Aunque tanto el Ejecutivo como el legislativo local se trazan proyectos a corto y mediano plazo para solucionar el conflicto, los vecinos no creen en soluciones "a futuro". Quieren que los boliches se vayan "ya", a riesgo de tomar el toro por las astas y recurrir a acciones violentas. Entre ellos hay quienes bajan los decibeles, apoyan las gestiones prometidas por monseñor Mirás ante la Intendencia y confían en los frutos de la reunión que mantendrán el martes en el Concejo junto a la directora de Registración e Inspección municipal, Analía Antik.
Sin embargo, ayer aún algunos dudaban de si la bronca acumulada no podría conjugarse con una nueva falta de controles para desatar la reacción popular. "No puedo responder por otras veinte personas", se excusó el lindero de una disco, personalmente a favor de la mesura, quien admitió que un grupo de vecinos ya se halla "pertrechado" para lanzar la ofensiva.
La Ciudad
