Daniel Leñini
Rosario está atravesando los días finales de la licitación del transporte tal como la había soñado la Intendencia. Insistir con llevar adelante el proceso es como tratar de resucitar a alguien muerto hace un año, más o menos. Las empresas, que para agosto deben poner 350 colectivos último modelo, son las mismas que sufren la incautación de unidades que no pudieron pagar, créditos cortados, deudas con los bancos superiores al millón de pesos y otras tantas con los proveedores. ¿Cómo harán para cumplir el pliego? La plata no se estira, decía la abuela. Y aunque los empresarios del transporte arrastran sus culpas -los rosarinos lo saben bien- la Municipalidad carga con las mayores. No se puede despilfarrar franquicias con plata ajena, encima cobrarles a las líneas una tasa de fiscalización (¿?) del cinco por ciento sobre la recaudación, más otro siete por ciento por "gerenciamiento" de la tarjeta magnética, y luego pretender que los mismos operadores tengan un colchón de dinero de 20 millones cada uno para comprar nuevas unidades. Todo esto en el medio de un aumento del gasoil del 50 por ciento en un año. Si saben cómo se hace, son unos genios: tendríamos en Rosario a los reemplazantes de Cavallo en caso de que fracase. Las cuentas no cierran y la voracidad no se detiene. El mismo banco -el Municipal- que a cualquier empresario le cobra el 1,8 por ciento mensual por un descubierto o por crédito otorgado, es el que recibe cada día la plata fresca de la venta de la tarjeta (230 mil pesos, 7 millones al mes) y encima se queda con una tajada cercana al 10 por ciento por gerenciar las máquinas canceladoras. Debería pagar por hacerlo. Y sino, que miren la licitación del transporte de Córdoba. La empresa que realice la mejor oferta técnico-económica (se presentaron cinco) tendrá un premio extra: el manejo de la recaudación y el clearing de todo el sistema. El índice del siete por ciento por el control de las canceladoras puestas en los colectivos -Cavallero en un principio había pensado en un 11 por ciento, una locura mayor- fue fijado en aquellos tiempos, 10 años atrás, porque el acceso a la tecnología era más difícil y costoso (una PC valía 3.000 dólares; los primeros teléfonos celulares, 1.200). Hoy eso no tiene sentido. Los tiempos han cambiado, pero muchos en sus sillones no se dieron cuenta. Cobrar el mismo porcentaje y encima manejar la recaudación diaria es sinónimo de usura. Nada más que las víctimas son los transportistas locales a los que ahora la Municipalidad necesita para que le salven la licitación tras la fuga de los "operadores internacionales". La Municipalidad debe optar: resigna la tasa de fiscalización o el porcentaje del Banco Municipal o la cantidad de las franquicias. Mantener todo no puede: no sólo es perpetuar la agonía, sino condenarse a sí misma. Digamos que hace tiempo que cayó en su propio encierro y por eso tuvo que despedir a un secretario de Servicios Públicos. Hoy tiene otro, Miguel Liftchiz, quien sabe que ya no cuenta con la salida de aumentar el boleto por encima de 70 centavos porque la gente le escapará más a los colectivos, bajarán los usuarios y la recaudación no variará con relación a la actual. Las opciones se agotan. Octubre está cada vez más cerca y Curitiba, más lejos.
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