Otra dimensión importante dentro del fenómeno que describe el analista son las políticas de achicamiento y desarticulación del Estado, responsables según él del deterioro y la indigencia de los sectores más desprotegidos. "Hoy está de moda lamentar la capacidad de las instituciones políticas centrales para poner un freno a las cada vez mayores dislocaciones sociales. Lo cierto es que aquellos que no tenían trabajo podían ir antes al Estado y pedir protección... pero hoy el Estado se ve obligados a expulsarlos bajo el pretexto de que hay que desregular la economía para que siga creciendo", indicó. "Eso provoca que los pobres tengan cada vez menos un discurso común para hacer escuchar sus demandas políticas y se vuelquen hacia el crimen y las actividades ilegales. Para contrarrestar esto, el Estado pone en funcionamiento acciones cada vez más represivas, con las que paradójicamente propone paliar su propia política de reducción del bienestar, centrada en la precarización del trabajo", concluyó Wacquant.
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