Capitán Bermúdez. - El juez sanlorencino Eduardo Filloco dictó un auto de procesamiento por el cual resuelve la prisión preventiva y los embargos correspondientes contra 19 municipales bermudenses que participaron de la marcha del 5 de octubre de 2000. La manifestación concluyó con destrozos en la casa del intendente Gerardo Carlucci, el dirigente justicialista Néstor Danelón, el edil aliancista Fabián Varela y distintos edificios de la ciudad, por lo cual se hicieron las denuncias correspondientes.
"Creo que ahora se puede decir que la Justicia funciona. La situación social de Bermúdez era de una total inseguridad, hoy los ciudadanos pueden caminar más seguros por las calles", expresó Danelón.
Para el dirigente local, a quien le destrozaron el frente de su casa y el automóvil, "los reclamos salariales pueden ser justos o no, pero las bandas armadas que recorrieron la ciudad destrozando las viviendas no reclamaban nada, eran delincuentes que deben ser juzgados. Espero que este procesamiento sirva para que los que lo deseen puedan denunciar las agresiones que han sufrido sin temer a la impunidad", enfatizó.
Según consta en la resolución judicial, se llegó a esta instancia después de "recibir declaraciones indagatorias y agregar fotografías de los hechos", además de "observar la filmación y diversas pruebas oculares de los participantes en esa jornada". El auto expresa que el delito por el cual se procesa a los implicados es "daño calificado y daño, en carácter de autores o instigadores".
En la resolución se decreta la falta de mérito para el proceso del secretario de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, pero se les dictan prisión y embargos a: Daniel López, Domingo Baigorria, Carlos Alvarado, Norberto Gaitán, Viviano Agustín Zapata, Mariana Acosta, Angel Trinidad, Rubén Bolletino,Pedro Ibarra y Acacia Rosario Moreyra.También se incluye en la lista de la Justicia a: Ceferino Galván, Rodolfo Giménez, José Luis Gómez, Victor Roberto Cabrera, Gerardo Rocha, Estelvio Ibáñez y Graciela Liliana Giménez. Se destacan en la lista el secretario del sindicato municipal, Jesús Monzón, y su adjunta; Liliana Peroni.
Después de los hechos se radicaron en el Juzgado de San Lorenzo unas cinco denuncias de los damnificados, pero el juez decidió unificar las causas y dictar la resolución en conjunto.
Ese 5 de octubre el clima era tenso en la ciudad. Unos 500 manifestantes marcharon con el objetivo de encontrar a funcionarios o a quienes pensaban responsables del largo conflicto que mantenía -y aún mantiene- el Ejecutivo con los empleados municipales.
En un momento la marcha tomó un tono violento. La policía recorría la ciudad y se apostaba frente a la casa de los funcionarios, pero eran desbordados por la gente, al fin de ese día los damnificados fueron al juzgado y denunciaron las acciones que hoy tienen resolución judicial.
| |
La Ciudad
