El presidente de Boca, Mauricio Macri, fue procesado por la Justicia por el delito de "contrabando agravado", presuntamente cometido cuando estaba al frente de la automotriz Sevel. Así lo confirmaron ayer tres fuentes judiciales, que agregaron que Macri fue embargado, además, por 4,9 millones de pesos. En caso de ser hallado culpable, la pena que le corresponde va de los 2 a los 10 años de prisión.
Al difundirse la noticia, el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que "Mauricio está muy tranquilo por su situación personal, porque no tiene responsabilidad. Todo lo que se hizo, se hizo de acuerdo a consultas con la Aduana". Pero lo cierto es que la medida judicial opacó otro anuncio del titular de Boca, realizado pocas horas antes, en oportunidad del partido de su equipo ante Oriente Petrolero: su decisión de dedicarse a la política.
El procesamiento fue dictado por el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, quien resolvió de esa manera después de que en noviembre del año pasado la Sala B de la Cámara de ese fuero revocara una falta de mérito dictada con anterioridad a favor de Mauricio Macri. En la misma causa _en la que se investigan maniobras por las cuales se exportaban autopartes a Uruguay y se importaban vehículos terminados, cobrando reembolsos en ambos casos_, ya está procesado Franco Macri, padre del titular de Boca.
Atento a la nueva decisión judicial, firmada el 19 de febrero pasado, la causa parece encaminarse a juicio oral y público, instancia ante la cual podría ser elevada a mediados de año. De tal suerte, y atento a que el voluminoso expediente tiene prácticamente producida toda la prueba, las fuentes judiciales evaluaron que Macri padre e hijo podrían afrontar el juicio oral y público antes de fin de año.
La figura del "contrabando agravado" contempla penas que van de los dos a los diez años de prisión, por lo que en el caso de que hubiera un fallo condenatorio con una sentencia de tres o más años, será de cumplimiento efectivo.
El supuesto ilícito por el que ahora fue procesado Mauricio Macri habría sido cometido al producir la empresa de propiedad familiar la salida del país de las autopartes como "venta definitiva" cuando en realidad debían haber sido exportada como "piezas temporarias" dada su utilización posterior para el armado de automotores que luego reingresaban al país.
Todo se cobra
La empresa de los Macri, al sacar del país las autopartes, cobraba los derechos de exportación, pero luego en Montevideo armaba los vehículos que ingresaban al país percibiendo por ello derechos de importación.
"Todo lo que se hizo fue de acuerdo a las consultas realizadas con la Aduana. Preguntamos cómo debía ser la operatoria y obramos de acuerdo a lo que nos indicaron", precisó Pavlovsky.
En diciembre pasado, la fiscal María Ruiz Morales había pedido el procesamiento del empresario, quien _de todos modos_ tenía pendiente una ampliación de declaración indagatoria prevista para el 28 de febrero próximo. En el mismo expediente, el 16 de noviembre pasado se conoció que la Administración Nacional de Aduanas desistió de ser querellante en una parte del expediente.
El titular de la Aduana, Eduardo Casullo, desistió de la acción a raíz de una instrucción del ministro de Economía, José Luis Machinea, confirmaron las fuentes judiciales. La nueva situación procesal de Macri podría complicar el futuro del empresario no sólo al frente de Boca Juniors sino también en su anunciada intención de dedicarse a la actividad política.
Macri, podría verse obligado a cesar como presidente de la institución de la Ribera: una eventual interpretación del artículo Nº 32 del estatuto del club, que establece las causales de expulsión de los socios, podría empujar fuera del club a su actual titular. Ese artículo determina que merecerá la expulsión que sufriere una "condena por autoridad competente o mala conducta notoria que ocasione perjuicio a la institución".
La posibilidad se transformaría en algo mucho más concreto si Macri, finalmente, resultara condenado ya que el capítulo II del estatuto, sobre jerarquía disciplinaria entre los órganos y disposiciones comunes a los mismos, establece en el artículo 47 que es requisito para ejercer un cargo directivo "no haber sido condenado por autoridad judicial en lo penal".
La Ciudad
