Definen el dictamen contra el juez Liporaci

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsa la remoción del funcionario

Los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura definirán hoy los detalles del dictamen contra el juez federal Carlos Liporaci y mañana se votaría un texto en el que se establece que el magistrado tuvo "un aumento patrimonial injustificado" y habría mentido para tratar de explicar el origen de ese dinero.
Si tal como está previsto cinco de los seis integrantes de la comisión que votarán en el caso cuestionan a Liporaci, comenzará así el proceso de remoción contra el magistrado y su suerte se definirá en el plenario del Consejo.
En caso de que los dos tercios de ese cuerpo entienden que hay elementos para que se aleje de su cargo, el caso pasará al Jurado de Enjuiciamiento, donde se definirá si puede o no seguir siendo juez quien adquirió sospechosamente en el último año una lujosa casa en la calle Gaspar Campos al 471, de Vicente López.
El abogado Fermín Garrote, miembro de la Comisión de Acusación, fue uno de los designados para redactar el dictamen acusatorio sobre el caso Liporaci. Ese texto estableció que Liporaci tuvo "un aumento patrimonial injustificado" y apeló a testimonios "mendaces" para tratar de dar cuenta de esos ingresos, para que los miembros del Consejo sufrieran "omisiones" y "ocultamientos".
Garrote hizo hincapié en que, a partir del 99, el juez tuvo "gastos suntuarios" al adquirir la casa de Vicente López, el alquiler de una vivienda en un country y la exteriorización de un supuesto ahorro no declarado. Sostuvo que generó sospechas un crédito pedido a una cooperativa de regular desenvolvimiento, con intereses muy inferiores. "Es desproporcionado a las posibilidades económicas del juez y a su grupo familiar", determinó.
Además, rechazó los números presentados por la contadora de Liporaci, Patricia Baulan, porque "no eran más que estudios hechos por encargo y a medida" para "ocultar el origen de los fondos" del magistrado. Y también denunció la "inmoralidad" del juez federal por aceptar y gestionar una pensión graciable de 500 pesos para su hija de 15 años.
Por todo eso, Garrote acusó a Liporaci de mal desempeño de sus funciones, "delito configurado por un aumento patrimonial injustificado que surge de las declaraciones juradas presentadas" en los años 1996 y 2000, según dice.