La noche del 17 de enero pasado, un verdadero diluvio cayó sobre Rosario. En siete horas 98,3 milímetros de agua acompañados por fuertes ráfagas de viento provocaron el anegamiento de numerosas calles, un centenar de evacuados, un joven que murió al caer en una tosquera y no menos de 4.500 usuarios sin luz. Tres semanas después de aquel meteoro casi todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo hay algo que aún no fue reparado y que, más allá de que mucha gente no lo sepa, está afectando nada más y nada menos que la seguridad de los rosarinos. Aquella noche, un rayo dejó fuera de servicio la central telefónica digital de la Jefatura de la Unidad Regional II de policía. Desde entonces, la central policial está incomunicada y, según se dice en los parques de la ex Fábrica Militar, habrá que saldar varias cuentas económicas y políticas para que los teléfonos vuelvan a sonar una vez que las dos placas de trama afectadas sean repuestas a un costo que no supera los 10 mil pesos.
Aquella noche de enero, el maldito rayo afectó "dos placas de trama de la fibra óptica que le da vida a la central telefónica" policial y así todo se convirtió en silencio. Desde aquel día, entre otras cosas, ningún investigador puede acceder a la red provincial de Internet para comunicarse con sus pares de otras unidades regionales con el fin de intercambiar información, la gente de Sustracción de Automotores no puede rastrear vehículos robados con órdenes de secuestro en el registro nacional que los agrupa, los efectivos de Seguridad Personal no pueden chequear las informaciones sobre personas con pedidos de captura, los agentes de Explosivos deben tercerizar las llamadas que los reclaman de urgencia, y los policías que cumplen funciones en prensa deben remitir los partes diarios mediante un emisario o bien esperar a que los periodistas los llamen a celulares especialmente habilitados para brindar la información. Sólo las comisarías se salvaron del desastre y el Comando Radioeléctrico esperó varias horas para que le instalaran algunas líneas de teléfono con las que recibir los constantes reclamos de los rosarinos, que hoy parecen sentirse más inseguros que nunca.
Lo cierto es que hace 25 días que la Jefatura está incomunicada y en los pasillos y parques de su sede son muchas las versiones que se tejen y destejen para saber el porqué de tanta demora. "Aquí no cabe otro análisis que contemple la negligencia lógica de una enmarañada burocracia provincial, la interna política en el Ministerio (de Gobierno) para saber quién manda sobre la policía, o confirmar la abultada deuda que la provincia tendría con Telecom y que la empresa quiere cobrar antes de reponer las placas" dijo en confianza una fuente de la policía que, bajo reserva de identidad, habló con La Capital.
El vocero comentó que apenas se supo de la falla que afectaba a los teléfonos "se establecieron contactos con Telecom y con proveedores de los sistemas averiados". Así se supo que cada una de las placas tenía un costo aproximado de 3.000 pesos. Además debía contabilizarse la mano de obra de instalación, lo que llevaba el costo final a algo menos de 10 mil pesos. "Una cifra ínfima en el presupuesto provincial y de la policía", se jactó el informante.
"Al menos dos proveedores confirmaron tener en existencia las placas para ser entregadas inmediatamente, pero algo está pasando para que no se compren y se repongan", dijo el vocero, que en un primer momento argumentó que "la negligencia burocrática debe estar trabando todo, sino no se entiende por qué no se solicitaron rápidamente líneas analógicas de respaldo que permitan subsanar la falla".
Deudas e internas
Otra de las hipótesis que se manejan en las oficinas de la Jefatura tiene que ver con una abultada deuda que la provincia mantendría con Telecom. "Estaría en 1,5 millón de pesos y la empresa está presionando para cobrarla o llegar a un acuerdo antes de reponer el servicio". Para sustentar esa hipótesis, el vocero dijo: "Nosotros nos contactamos con los proveedores, averiguamos si tienen las placas y se lo comunicamos a Telecom. Nos dicen que van a consultar y cuando volvemos a llamar a los fabricantes y distribuidores cambian la información y sostienen que las tienen que importar y que hay que esperar 60 días. Entre llamada y llamada alguien pone trabas".
Finalmente, otra de las hipótesis que más suena en el predio de Ovidio Lagos al 5200 es la vinculada a una nueva vuelta de tuerca en la lucha política que se vivió a fines de noviembre pasado para saber quién manda sobre la policía. "Nadie lo quiere afirmar abiertamente pero muchos dicen en voz baja que la demora en la reparación de los teléfonos está impulsada para desacreditar al ministro de Gobierno con la finalidad de sacarle el control político sobre la policía", dijo el vocero.
A fines de noviembre de 2000, tras el trágico incendio que se desató en la seccional 25ª y que costó la vida a 13 presos, se puso en duda la continuidad de Angel Baltuzzi al frente de Gobierno. Tras las durísimas críticas de los familiares de la víctimas, el gobernador Carlos Reutemann pidió "dejar pasar algunos días para que todo se esclarezca". En ese marco, era una verdad tapada que la idea del mandatario provincial era elevar a Secretaría de Estado a la actual Subsecretaría de Seguridad Pública, a cargo de Enrique Alvarez para cumplir su anhelo de "que la seguridad esté separada del Ministerio de Gobierno, como en otras provincias".
Dentro de ese contexto, el vocero policial dijo que "después de un año plagado de fugas y de quejas por la falta de seguridad, coronado con un informe en el que se afirmaba que la provincia estaba en los primeros lugares nacionales de hechos de gatillo fácil, y a poco de iniciarse la actividad gubernamental tras el parate del verano, no es de locos pensar que todo esto sea una nueva maniobra para desacreditar a Gobierno y lograr que saquen de su órbita a la policía, que tiene una mejor relación con Alvarez que con Baltuzzi".
Mientras tanto, si usted quiere comunicarse con la Jefatura, no lo intente: los teléfonos siguen sin funcionar.
La Ciudad
