Santiago. - Las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet abrieron una herida que sangra profusamente en la conciencia de Chile y que no permite salidas políticas para cicatrizarla, dijeron analistas. Ni el eventual procesamiento a Pinochet como símbolo de los crímenes, ni la entrega de información por parte de los militares sobre el paradero de más de un millar de detenidos desaparecidos, saciarán la profunda sed de justicia de muchos chilenos. No hay ninguna ley ni ninguna decisión política que pueda impedir a los familiares seguir buscando la verdad sobre sus seres queridos, así como que sigan reclamando justicia, dijo el sociólogo Eugenio Tironi.
¿Verdad o manipulación?
El presidente Ricardo Lagos reveló días atrás un informe preparado por los militares sobre el destino de 200 personas desaparecidas, una quinta parte de las detenidas bajo el rimen militar de 1973-1990 y cuyos cuerpos nunca fueron hallados. Los datos revelaron que 150 de ellos habrían sido arrojados al mar.
El gobierno entregó la información días antes de que Pinochet fuese sometido a exámenes mentales, como paso previo a un interrogatorio para que responda sobre su presunta vinculación con crímenes durante su régimen, que abriría la puerta a un eventual procesamiento y arresto. Esto va a seguir en el corto plazo, incluso más radicalmente todavía, porque ahora con los casos concretos se pueden multiplicar los juicios, comentó el cientista político derechista Fernando Moreno.
El informe fue el resultado de un acuerdo entre las fuerzas armadas y abogados de derechos humanos, en una llamada mesa de diálogo, creada en 1999 mientras Pinochet permanecía detenido en Londres, acosado por un pedido de extradición español.
Varios sectores políticos reconocieron el esfuerzo de los uniformados al recopilar y hacer pública la información. Pero los destinatarios de ella, los familiares de las víctimas, la consideraron decepcionante e insuficiente. La información no es satisfactoria (...). Por supuesto que esto sigue, no está terminado, dijo Lucía Neira, viuda de un desaparecido ex subsecretario del gobierno de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973.
Algunos familiares incluso creen que los datos son una estrategia para librar a Pinochet de un juicio, ya que varios de los casos informados son precisamente aquellos por los cuales el ex dictador enfrenta más de 200 querellas.
La vía política
Los analistas estiman que el mundo político se ha mantenido, equivocadamente, al margen de la discusión que divide tajantemente a los chilenos: unos piden juicio a los culpables y otros quieren olvido y mirar hacia adelante.
Los militares y la derecha pinochetista quieren un punto final ahora. Pero el gobierno del socialista Lagos ya ha dicho que no será promotor de un cierre abrupto. La izquierda, en el mismo bando de los familiares de las víctimas, desea continuar hasta el final. Un ambiente tan dispar no permite, según los analistas, una salida pactada.
La Ciudad
