Opinión

Casa tomada

Julieta Calogero (*)

Las puertas de las habitaciones se iban cerrando en los rostros de los personajes de Julio Cortázar, hasta excluirlos definitivamente de su propio espacio. Esta alegoría de la apropiación ilegítima no puede ser más pertinente para describir la situación que viven hoy los estudiantes de Abogacía de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La Facultad de Derecho ha sido, desde el año 90, el laboratorio de todo tipo de medidas restrictivas ensayadas desde el establishment universitario.
En primer término fueron los cupos para el cursado regular. A esto le siguió la reducción de turnos libres a la mitad. La clausura del edificio. Una reforma de plan de estudios que perjudicó a los estudiantes del primer año, y ahora esta política de ingreso restrictiva. Todos estos emprendimientos fueron inconsultos con el resto de los actores universitarios. Fueron votados a pie hurtadillas y en medio de escándalos. Por eso lo último no fue ni nuevo, ni casual.
Existe en el inconsciente colectivo la idea de que hacen falta reformas en el sistema universitario y educativo en general. Pero en esta facultad jamás se abordó un proceso de discusión que incluyera políticas de reforma curricular serias. Los programas de las materias de Abogacía datan de la década del 60. El sistema administrativo colapsó hace años. No se realizaron concursos docentes durante una década. Y se ignoran los canales orgánicos institucionales a la hora de tomar decisiones.
Ante esto, quienes forman parte del ejecutivo de la facultad encuentran soluciones autoritarias que sólo ponen parches a una problemática mucho más compleja.
En cuanto al proyecto per se, cuyas propiedades restrictivas el decano niega, es otra artimaña que no hace más que limitar arbitrariamente tanto el ingreso como el egreso a la carrera. Es antiestatutario. Supone una reforma a la currícula ya que altera la condición del alumno.
En pocos meses un estudiante debe rendir un examen y así la facultad va a decidir si está en condiciones de cursar materias.
Y por último imaginemos que un ingresante no aprueba el dichoso vestibular. Queda libre para siempre en las materias de primer año, cuando no es nada fácil rendir libre en esa facultad. Los insuficientes se computan en el mérito académico, indispensable para poder cursar, o sea que ser ineficaz en los exámenes de primer año implica no cursar segundo tampoco y así sucesivamente.
Y para rematar, Civil I, integrada como materia del básico desde el año pasado, es obligatoria para cursar segundo. Por lo tanto, el examen de ingreso es doble. Primero el propiamente dicho y segundo Civil I para poder seguir.
(*) Presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho.