El 6 de enero de este año hubo un caso semejante al de Echesortu. Fue cuando dos delincuentes armados que asaltaban un local de la empresa Provencred de San Martín al 5300 fueron sorprendidos por un gendarme, franco de servicio, lo que desató un enfrentamiento a balazos. El tiroteo empezó en el local y se trasladó a la calle. Uno de los asaltantes resultó muerto por el gendarme, quien abrió fuego contra el segundo, que se escabullía entre decenas de personas que atestaban esa zona comercial de zona sur, en plena mañana. El hecho reavivó una discusión: ¿deben los efectivos que están franco de servicio portar armas? La actual gestión de gobierno provincial reivindica esa potestad. Pero la administración antecesora sostenía que la intervención de un uniformado de civil en un ilícito podía generar consecuencias indeseadas por la sorpresa que, para los delincuentes, representa la irrupción inesperada de una persona armada. Lo que pone en riesgo, como ocurrió ayer en Echesortu, la vida de terceras personas ajenas al hecho.
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La Ciudad
