Los once senadores acusados de haber aceptado dinero sucio para aprobar la reforma laboral fueron beneficiados ayer con una falta de mérito dictada por el juez federal Carlos Liporaci. Paralelamente, el magistrado convocó a declarar -bajo cargos de cohecho- al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) Fernando de Santibañes.
Ambos deberán declarar, luego de la feria judicial de enero, en orden a la posible comisión del delito de cohecho activo (ofrecimiento y pago de dádivas a cambio de favores). También ordenó un careo entre Horacio Usandizaga, Pedro Del Piero y Antonio Cafiero, quienes habrían escuchado hablar de los sobornos.
La convocatoria a los ex funcionarios fue dispuesta por Liporaci en la misma escueta resolución de veinte carillas mediante la cual decretó la falta de mérito de los legisladores acusados de haber cobrado coimas -por un total estimado en los diez millones de pesos- para votar la controvertida ley impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa, y cuyo principal fogonero fue Flamarique.
Los beneficiados por la medida son los senadores justicialistas Angel Pardo, Ramón Ortega, Eduardo Bauzá, Alberto Tell, Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Remo Costanzo y Ricardo Branda, y los aliancistas Raúl Galván, Alcides López y Javier Meneghini.
También fueron imputados e indagados por el juez el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y el secretario de Costanzo, Martín Fraga Mancini. Pero Liporaci entendió que tampoco existen evidencias para procesarlos como partícipes de las presuntas maniobras, que según los investigadores no pudieron ser acreditadas.
En ilícitos como el aquí investigado debe lograrse determinar, por una parte, quién pagó, por qué medios, qué suma y el origen de la misma. O, en su defecto, qué beneficio otorgó. Por otro lado, debe verificarse quién cobró, el destino del dinero o qué beneficio obtuvo, explicó Liporaci en su resolución.
Y agregó: Las actuaciones están conformadas por denuncias basadas en publicaciones periodísticas, en un anónimo cuya lectura se produjo en una reunión de Labor Parlamentaria y en las manifestaciones de testigos, principalmente Cafiero y el ex vicepresidente Carlos Alvarez.
Cafiero indicó primero cinco sospechosos (aunque identificó sólo a tres: Pardo, Ortega y Bauzá), que luego convirtió en sospechantes, explicó Liporaci.
El juez sostuvo que, en su última declaración, Cafiero corrigió sus versiones anteriores al indicar que, en realidad, cuando nombró a Pardo y Ortega se refería a que ambos le confiaron que estaban al tanto de las versiones sobre las coimas. De Bauzá, precisó que este senador le dijo que, quizás, el dinero que había recibido tenía su origen en las maniobras.
Pero Bauzá, al ser indagado, aclaró que el dinero en cuestión correspondía a emolumentos recibidos como sueldo y gastos de viáticos.
Liporaci recordó que todos los acusados negaron los cargos en su contra y subrayó que ni Cafiero ni Alvarez aportaron evidencias de los hechos.
El juez, que afronta una causa penal por enriquecimiento ilícito y tiene abierto un sumario ante el Consejo de la Magistratura, señaló además que las acusaciones que la periodista del diario La Nación María Villosio formuló contra Cantarero resultan asertivas, pero no revisten entidad suficiente para formular un juicio de reproche respecto del senador.
La causa se inició en agosto, cuando Alvarez, el abogado Juan Iglesias y particulares reportaron a la Justicia sus sospechas sobre el reparto de coimas. Pero el caso tuvo su origen meses antes, cuando un libelo anónimo fue enviado por fax a la Cámara alta para describir el circuito de los presuntos sobornos, que no fueron probados por el juez ni la Fiscalía.
Liporaci explicó que, cuando intentó rastrear la posible procedencia de la plata sucia, tampoco pudo concluir que flujos de dinero como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o subsidios de la salud, así como movimientos informados por la Auditoría General de la Nación, hayan sido producto de votos favorables obtenidos.
Los investigadores seguirían ahora tras el rastro de los fondos de la Side, cuyo ex titular quedó imputado como posible pagador de las coimas. Sobre Flamarique, en tanto, pesan las coincidentes acusaciones de los sindicalistas Hugo Moyano y Juan Palacios, entre otros, quienes aseguran haber escuchado de boca del entonces ministro que para quebrar la resistencia de los senadores a votar la norma reservaba la (tarjeta) Banelco.
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La Ciudad
