Lima . - Los congresistas Ernesto Gamarra y Luis Chang Ching, miembros de la comisión que investiga al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, admitieron que los testimonios recogidos permiten confirmar que la organización político-criminal tenía tentáculos en las superintendencias Tributaria y Aduanera.
Gamarra y Chang Ching se refirieron especialmente al testimonio de la empresaria Matilde Pinchi, presunta testaferro de Montesinos, que reconoció que la intervención de éste le evitó problemas tributarios y de aduanas a sus empresas, de las que se sospecha que el dueño es el propio ex jefe de inteligencia.
Según Pinchi, que asegura que sus tres empresas de importación de bisutería le permiten ventas anuales de entre tres y cuatro millones de dólares, asegura que pagó 30.000 dólares mensuales al ex asesor y aseguró tener constancia de la influencia de éste sobre las dos superintendencias.
La participación de las dos instituciones en la red de corrupción ha sido denunciada reiteradamente. Los funcionarios, según múltiples indicios, no sólo favorecían a los protegidos y/o extorsionados por Montesinos, sino que se encargaban de perseguir a los adversarios del régimen o a quienes se negaban a someterse a sus condiciones.
A manera de ejemplo, las dos instituciones tuvieron que ver en las controvertidas acciones judiciales que condujeron al empresario opositor Baruch Ivcher a perder el control de su canal de televisión, Frecuencia Latina.
Para Gamarra, un hecho especialmente preocupante es que quien fue superintendente aduanera durante el período de las anomalías, Carmen Higaonna, es actualmente contralor nacional, cargo en el que fue puesta por el destituido gobierno del presidente Alberto Fujimori a pesar de las airadas protestas de la oposición de entonces.
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La Ciudad
