El desastre en la comisaría 25ª sumó una nueva víctima: con el fallecimiento de Miguel Espíndola ya son trece las vidas que se perdieron como consecuencia de la tragedia ocurrida el miércoles pasado en Pueblo Nuevo. En tanto, la madre de uno de los presos fallecidos radicó ayer un escrito en la fiscalía que interviene en el hecho para solicitar medidas y establecer las responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial en el siniestro. La presentación sienta las bases para la iniciación de una serie de demandas al Estado provincial por el incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
El petitorio fue entregado ante la fiscal María Eugenia Iribarren por Olga Cejas, la madre de Pablo Avalos, una de las víctimas fatales. El escrito solicita la realización de una serie de medidas en el marco de la investigación judicial que está a cargo de la jueza de la causa, Susana Portilla de Pigliacampo.
Hasta el momento, la magistrada imputó a 13 sobrevivientes por las muertes de sus compañeros de celda. La causa fue caratulada como tentativa de evasión e incendio intencional seguido de muerte. Ayer dos de ellos, Sergio Pablo Frías y Daniel Grande, quienes se recuperaban en una sala común del Hospital de Emergencias, fueron indagados. El viernes habían desfilado los otros once.
Desde que ardió el penal de Pueblo Nuevo, circulan dos versiones opuestas sobre las causas de la tragedia. Para la policía, los presos encendieron los colchones indignados porque se frustró la fuga. Los detenidos (ver nota central en página 30 y apoyo en ésta) aseguran que lo hicieron para frenar una dura represión policial.
Los agentes aún no fueron citados por la magistrada, que prevé tomarles declaración informativa. Yo sugerí que se esperara a tener una visión más clara. Los presos están imputados porque nadie duda que ellos iniciaron el incendio. Si se le puede reprochar algún accionar a los policías se los imputaría por otra figura, pero no por la muerte en sí, que fue provocada por el incendio, refirió Iribarren a La Capital.
Las medidas probatorias que requirió Cejas son las siguientes:
- Que se incorpore a la causa el peritaje del cuerpo de bomberos sobre el origen del fuego y los resultados de las autopsias.
- Que se eleve un pedido de informes a las autoridades de la Unidad Regional II para que informe los nombres del personal de guardia y de los agentes del Cuerpo Guardia de Infantería que intervinieron.
- Que se hagan peritajes sobre el armamento del personal para ver si esas armas fueron disparadas. u Que se mantenga la clausura del penal para preservar el lugar del hecho.
La mayoría de esas medidas ya fueron ordenadas, señaló la fiscal, quien trasladó el pedido a la jueza.
Además, la presentación incluye otra solicitud: que se constate si existió un planteo de preocupación de los jueces penales ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia por la crítica situación penitenciaria.
De acuerdo con lo que un juez penal adelantó a este diario, esos debates son periódicos: Siempre hacemos ver la insuficiencia del problema carcelario, en cada reunión tratamos ese tema, reveló.
El objetivo a develar
En la presentación la madre del recluso reclama saber esto porque si existió alguna disposición judicial que fue desobedecida, se agravaría el incumplimiento de sus responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo.
Esa comprobación incorporaría un nuevo argumento a las futuras demandas al Estado por no cumplir con su obligación de garantizar la vida de las personas bajo su custodia.
Precisamente, la solicitud de Cejas está amparada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.
La última denuncia
También se fundamenta en el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El mismo señala que, si bien los presidios son patrimonio del Ejecutivo, también la Justicia es responsable de la vida de un preso: En lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones judiciales, quedará sujeta a la superintendencia exclusiva de los tribunales y jueces respectivos, dice la norma.
Ayer, además, la Coordinadora de Trabajo Carcelario presentó un escrito en la fiscalía Nº 4, a cargo de Cristina Rubiolo, planteando tres puntos básicos. El primero pide que la policía se aparte de todo lo atinente a la investigación respecto de lo ocurrido en Pueblo Nuevo. El segundo requiere que los presos que sobrevivieron al desastre sean alojados en dependencias no policiales. El tercero reclama que se enfoque la investigación en establecer cómo se produjeron las muertes y no en esclarecer el intento de evasión.
La Ciudad
