Rosúa replica planteos de policías cesanteados

Consideró "una estupidez" que los despidos de efectivos sindicalizados sea por sus denuncias de corrupción

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, consideró "una estupidez" que se vincule la cesantía dispuesta contra diez policías provinciales, ocho de los cuales tienen actividad gremial, con las denuncias que plantearon por episodios de corrupción en el interior de la fuerza.

Entre los empleados despedidos se encuentran los máximos referentes en Rosario y Santa Fe del gremio policial no reconocido Apropol. El planteo del decreto de cesantía, el 3296, hace referencia en varios de los involucrados a la infracción que supuso el autoacuartelamiento de abril pasado en Rosario. Y también, en relación a otros, a faltas consideradas graves como dar a publicidad situaciones internas de la fuerza sin autorización de los jefes.

"Si ustedes han leído el decreto, la fundamentación está ahí. El concepto es que las sanciones corresponden a acciones legales contempladas en la ley orgánica policial que significan una respuesta institucional a una actitud de indisciplina que puso en grave riesgo la seguridad en una circunstancia en que hubo ocupación de la propia Jefatura de Policía. Es un gravísimo acto de indisciplina que contempla la legislación vigente y todos los policías conocen", aseguró el funcionario.

"Los hechos de corrupción se investigan y nosotros somos los primeros en combatirlos", dijo Rosúa. No obstante, las pesquisas por robo de combustible, sustracción de partidas para servicios adicionales o enriquecimiento ilícito de oficiales de la fuerza, señalan desde Apropol, están estancadas o tienen resultado incierto.

Desde Apropol, ayer remarcaron en un comunicado que en el decreto de cesantía no se señala la comisión de delitos o contravención alguna. "Solamente presuntas infracciones al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial de los años 70". Según el texto, "queda claro que a ninguno de los mencionados se los sanciona por causas particulares o personales, sino por sus actuaciones gremiales en defensa de los derechos que como trabajadores poseemos".

El secretario general de Apropol, Alberto Martínez, señaló que los miembros de esa entidad despedidos, entre los que está incluido, no tienen "una sola causa penal o administrativa que manche su honorabilidad como funcionarios. Estamos a las claras ante una evidente persecución política".

Al mismo tiempo, los miembros de Adepol, la otra agrupación gremial no reconocida que tiene tres cesanteados en su seno, anticipó en un comunicado de prensa que el gobierno provincial intenta frenar con los despidos "frenar el avance gremial de los trabajadores policiales". Anticipó que desde la entidad denunciará "constantemente" hechos de corrupción. "Obeid no va a gobernar tranquilo, desenmascararemos la corrupción de esta provincia", plantearon.