Editorial:

Nuevo golpe a la impunidad

Cuando el 26 de junio de 2002 la policía bonaerense asesinó a mansalva a los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el puente Pueyrredón en Avellaneda, muchos experimentaron un estremecimiento al revivir los peores momentos de la represión de los oscuros años setenta. Pero el país, por fortuna, ha aprendido de su tremendo pasado y es otro. Así lo confirman las condenas a cadena perpetua para el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, resueltas por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de Lomas de Zamora en un ejemplar fallo que cierra uno de los capítulos más dolorosos de la historia contemporánea de la Argentina.

El año de la muerte de Kosteki y Santillán la Nación estaba convulsionada, cuatro presidentes se habían sucedido en apenas dos semanas, más de la mitad de la población había caído en la pobreza o la indigencia, el producto bruto interno registraba su desplome más profundo en diez años y la protesta popular se adueñaba de las calles en las grandes ciudades. El movimiento piquetero, con sus múltiples y complejas ramificaciones nacidas al calor de la recesión de la década del noventa, era protagonista principal en un escenario dramático. Los alevosos asesinatos de ambos jóvenes militantes marcaron un antes y un después en aquella difícil coyuntura y la crisis institucional que suscitaron puso fin a la aspiración de Eduardo Duhalde de permanecer al frente del Poder Ejecutivo.

Muy distintas son las circunstancias del presente, con una recuperación económica largamente confirmada y una consolidación de la figura presidencial de la mano de Néstor Kirchner. La tarea eficaz de la Justicia es esencial para confirmar el rumbo positivo adoptado por la República: la impunidad -ese perenne mal nacional- debe ser erradicada si se pretende reconstruir los tejidos dañados.

Un testimonio fotográfico aportado por un reportero fue clave para determinar la culpa de los condenados. Pero más allá de ese detalle que recuerda el rol crucial que cumple la prensa en las sociedades democráticas, la lectura de lo decidido por la Justicia en relación con la llamada Masacre de Avellaneda debe evitar el vuelo bajo y eludir la tentación que significa la interpretación meramente política de los hechos. Son las instituciones de la República y el conjunto de la ciudadanía quienes se ven beneficiados y fortalecidos por la resolución de la Justicia, no ningún sector, grupo ni partido.

El país ya ha comprendido que la impunidad de los crímenes es casi tan atroz como los crímenes mismos. Y nunca debe olvidarlo.