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 miércoles, 24 de agosto de 2005  
Más testimonios golpean al PT y al gobierno de Lula
El partido del vice admitió que recibió dinero en negro

Brasilia. - Después de un día de respiro, el gobierno brasileño de Lula da Silva volvió ayer a sufrir, ante nuevas revelaciones sobre corrupción política. Los mercados, que el lunes habían reaccionado positivamente al respaldo presidencial del ministro de Hacienda, Antonio Palocci, volvieron a caer ante la perspectiva de una semana de declaraciones explosivas ante las distintas comisiones investigadoras del Congreso brasileño.

El ex diputado Valdemar Costa Neto, titular del Partido Liberal del vicepresidente José Alençar, admitió ayer ante el Congreso que recibió dinero irregular, en el marco de la alianza electoral hecha en 2002 entre su formación y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Costa Neto afirmó sin embargo que Lula, aunque debía conocer la existencia del pacto financiero, no negoció "ni un centavo". Pero "era seguro que (Lula) sabía, porque eso fue publicado en diarios de gran circulación", agregó sobre el acuerdo que selló la alianza entre el PL y el PT.

Costa Neto hizo estas afirmaciones ante una de las comisiones investigadoras del Congreso, la que indaga sobre las "mensualidades" pagadas por el PT a congresistas aliados. Presionado por el panel, el ex legislador reiteró que nunca negoció el apoyo financiero del PT a su partido con Lula, quien, afirmó, trató de convencerlo de concretar la alianza pero sin ofrecer dinero. Costa Neto renunció a su escaño de diputado tras ser involucrado en las "mensualidades" a legisladores, escándalo que desató la crisis política a principios de junio.

El líder del PL dijo que mediante el acuerdo financiero del 2002, el partido de Lula acordó pagar 10 millones de reales, unos 4,2 millones de dólares, al PL para ayudarlo en su campaña electoral. El PT, agregó, entregó no obstante sólo 6,5 millones de reales y existen recibos por apenas 1,7 millones. "Para la elección del 2002 involuntariamente recibí dinero no oficializado del PT", admitió, y agregó: "Nunca me preocupé con el origen del dinero del PT".

Parte de los pagos, dijo, se hicieron con cheques de una de las agencias de publicidad de Marcos Valério de Souza, quien tiene abultados contratos con empresas estatales y se convirtió en uno de los ejes del escándalo. De Souza está sospechado de ser el pagador de las "mensualidades" a los legisladores para asegurarse su voto en el Congreso.

En otra declaración que causó impacto, el ex secretario de la jefatura de gabinete y ex encargado de comunicaciones del PT, Marcelo Sereno, cayó en contradicciones ante la comisión del Congreso que investiga a los bingos. Sereno tenía su oficina en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia. Inicialmente rechazó que hubiera tratado asuntos internos del PT en esa sede institucional, pero más adelante en su declaración reconoció que recibió allí a De Souza, para tratar sobre su participación en la campaña del PT en Río de Janeiro, un distrito en el que Sereno tenía gran influencia.

El ex secretario de la jefatura de gabinete (la "Casa Civil") admitió que De Souza lo visitó en el Planalto al menos tres veces y que "pude haber almorzado con él también", para agregar que conoció al polémico publicista a fines de 2003 en la sede del PT de San Pablo. Sereno era mano derecha del ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, la primera víctima de alto nivel del escándalo, cuando en junio debió presentar su renuncia.

Por otra parte, hoy se espera la declaración de abogado Rogerio Buratti, ex secretario del ministro de Hacienda Antonio Palocci cuando era alcalde de la ciudad de Ribeirao Preto. Buratti acusó a Palocci de recibir una coima mensual de parte de la empresa a cargo del servicio de residuos. El viernes, al conocerse esta nueva causa, los mercados temblaron, al ver afectado por primera vez al ministro de Hacienda, responsable del programa económico ortodoxo que lleva adelante el gobierno. Pero la comparecencia de Buratti no es nada segura: su abogado defensor dijo que podría no concurrir al Congreso "por razones de salud".
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