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 miércoles, 27 de abril de 2005  
Las obras del edificio Aqualina avanzan sin pausa
Una torre que genera polémica
A los dos juicios en marcha, se agregó ayer una nueva presentación en los Tribunales provinciales

La torre de 125 metros que se construirá en la esquina de avenida de la Libertad y San Luis continúa avanzando. Tras la demolición de la vieja casona que había en el terreno, ahora los vecinos contemplan cómo diariamente máquinas y camiones sacan tierra del lugar. Sin embargo, en la Justicia el caso sigue sumando expedientes y en las últimas horas se agregó una presentación realizada en la Fiscalía Nº7 por el abogado José Luis Capella, patrocinador de vecinos de barrio Martin, por "desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"La obra avanza como si nada, entonces planteamos que existe desobediencia de la empresa a las órdenes judiciales que establecían que la situación debía mantenerse como estaba en septiembre de 2003, y existe también un incumplimiento por parte de los funcionarios municipales", explicó el abogado. Mientras tanto, para el municipio la empresa "tiene las autorizaciones necesarias para avanzar con la obra".

La torre ya se publicita como "39 pisos de lujo" y el edificio "más alto del interior del país", pero desde el principio sumó cuestionamientos que derivaron en dos juicios contra el municipio que todavía están en marcha.

"El primero, que inició Daniel Olivieri, había dejado sin efecto el primer permiso otorgado por el municipio a la empresa y está en la Corte Suprema de Justicia para ser resuelto. Pese a eso, en ese proceso una medida cautelar ordenaba que la situación debía quedar igual que al 19 de septiembre de 2003", explicó Capella.

Pero en septiembre del año pasado, la Municipalidad otorgó a la empresa constructora un nuevo permiso para que la obra continuara. En ese momento, Capella interpuso otro recurso que dejó en stand by el avance del edificio Aqualina.

"Con esa presentación la Justicia ordenó la misma medida cautelar, por eso no se entiende la impunidad con la cual la construcción sigue adelante", protestó el abogado, quien anteayer presentó una nueva denuncia en la Fiscalía Nº7 a cargo de Adriana Camporini.

"Acá hay dos cuestiones. Una es la desobediencia por parte de la empresa a las órdenes de la Justicia, que estableció una medida cautelar por la cual la obra no puede avanzar, y otra es el incumplimiento de los deberes de funcionario público de la persona que autorizó que la construcción avance", detalló Capella.

Mientras tanto, la visión de la Municipalidad es diametralmente opuesta. Y en ese sentido, el director de Obras Particulares, Eduardo González, aseguró a La Capital que "la empresa tiene las autorizaciones necesarias y está en condiciones de continuar con los trabajos".
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