Abandonados. Ya había sido clausurado siete veces. Sospechan que la dueña del establecimiento se llevó a los abuelos

Se esfumó un geriátrico y ahora investigan el paradero de 5 ancianos

Una oficial de justicia debía ayer desalojar la residencia de Juan Manuel de Rosas 1316 pero la encontró desierta

La Dirección Provincial de la Tercera Edad está investigando el paradero de cinco ancianos que se encontraban internados en un geriátrico sobre el que pesaba una orden de desalojo y había sido clausurado ya en siete oportunidades. Ayer por la mañana, profesionales de la repartición y una oficial de justicia se presentaron en el hogar de Juan Manuel de Rosas 1316 pero lo encontraron abandonado. Existen fuertes sospechas de que la titular del establecimiento, Graciela Bechelli, fue quien se alzó con los abuelos. "Muchos suelen hacer esto: abren lugares sin habilitación y sin las mínimas condiciones para alojar personas. Y cuando se los empieza a controlar, se mudan", dijo la supervisora de instituciones geriátricas de la provincia, Susana Agosti.

Lo cierto es que la situación no sólo dejó al descubierto la forma en que operan los titulares de ciertas instituciones geriátricas, sino también la incapacidad del Estado para controlarlas, y lo que es peor, el abandono familiar que sufren algunos ancianos.

Según indicó el director provincial de la Tercera Edad, Osvaldo Ortolani, en lo que va del año la Municipalidad había clausurado la residencia ubicada en Juan Manuel de Rosas 1316 "en siete oportunidades".

Pero hay más, en los últimos años la titular de ese establecimiento habría abierto y cerrado otros ocho geriátricos. "Sólo desde 2001 estuvo a cargo de hogares en Mendoza al 3200, San Luis 920, 1º de Mayo 1400, y finalmente en Juan Manuel de Rosas al 1300", detalló Ortolani.

Además de las reiteradas denuncias por falta de habilitación, insuficientes medidas de seguridad del hogar y hasta malos tratos hacia los internos, sobre la dueña del geriátrico pesaba también una causa judicial por no pagar el alquiler del local donde funcionaba, ni los impuestos y las expensas comunes. Y de allí salió finalmente la orden de desalojar el lugar.

En la Dirección de la Tercera Edad ya están familiarizados con esta forma de trabajo. Los llaman geriátricos "golondrinas" o "ambulantes", término que designa a aquellas instituciones que se abren sin ninguna habilitación y cuando se las clausura desaparecen sin dejar huellas. Una situación que ya tuvo antecedentes este verano, cuando el municipio sacó a sus inspectores a controlar estos establecimientos (ver aparte).

Hasta el viernes pasado -cuando los trabajadores sociales de la provincia hicieron su última inspección- en la residencia de Juan Manuel de Rosas al 1300 había cinco personas internadas. Cuatro de ellas superaban los 60 años, la quinta era una mujer de 38 con síndrome de Down.

En la Dirección Provincial de la Tercera Edad ya se les había buscado un lugar alternativo de internación, en otros institutos privados y en el geriátrico provincial. Sin embargo, ayer no fue necesario recurrir a estas plazas.

A partir de las 9.30, en la puerta del geriátrico se apostaron funcionarios y profesionales de la provincia, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), una oficial de justicia y el abogado de los dueños del inmueble. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando nadie contestó el timbre. Y más aún después de que un cerrajero abriera la puerta: el lugar estaba absolutamente vacío, con suciedad y abandonado.

En todos los rincones se apilaban desperdicios. En los pasillos había bolsas de residuos y papeles tirados, pares de zapatillas y sandalias, trapos, panes, alguna que otra almohada, envases de cerveza y colillas de cigarrillos. En el patio una pila de ropa vieja y mojada, papas, cebollas, más bolsas de residuos y más pan.

"Es todo una mugre", se lamentaba una de las hijas del propietario del edificio mientras se preguntaba: "¿Cómo podían tener ancianos viviendo así?"


Sin habilitación
El director de Inspección del municipio, Claudio Canalis, confirmó que sobre el lugar pesaba una orden de clausura librada a principio de año y varias denuncias en la Justicia provincial por violación de la clausura. Es más, el 2 de febrero el municipio denunció la situación en el juzgado de Faltas de la 1a nominación a cargo de Osvaldo Alzugaray. El caso se denunció también en el Correccional Nº10, de Daniel Acosta, ya que la titular de la residencia exhibía un certificado de habilitación apócrifo.

Mientas el asunto se ventilaba en la Justicia, trabajadores sociales del municipio comenzaron a contactarse con los familiares de los internos. "Les explicamos esta situación y así conseguimos que a algunos los trasladaran. Pero como seguían allí cinco personas hicimos una presentación en el tribunal Colegiado de Familia Nº3 para que los magistrados las resguarden, obligando a sus familiares o a sus obras sociales a cambiarlos de residencia".

Sin embargo, según indicó el abogado del dueño del local donde funcionaba el geriátrico, la orden de desalojo que se intentó llevar a la práctica ayer llegó de la mano del juez de Circuito Nº3, Alberto Bonino, ya que la titular del geriátrico adeudaba dos años de alquiler, impuestos y expensas.

"El de este hogar de ancianos es un caso emblemático -sostuvo el director de la Tercera Edad-. La Municipalidad lo clausuró siete veces y sigue funcionando. No se trata de poner una faja en forma simbólica. Hay que seguir los casos, pedir a los jueces que intervengan, hablar con las familias porque no pueden someter a un anciano a vivir en un lugar sin las más mínimas medidas de seguridad y ver por qué las obras sociales no se hacen cargo de su atención".

¿Tienen constancia de otros geriátricos que funcionen en estas condiciones?, fue la pregunta de La Capital. "No sé si habrá muchos que trabajen así. Pero que haya uno ya es suficiente", concluyó Ortolani.

El viernes había 5 ancianos internados y ahora se ignora su paradero.