La pregunta de los u$s 81 mil millones

Marcelo Batiz

El Parlamento cumplió rápido con su rol de certificador de los actos del Poder Ejecutivo al que se resignó en los últimos tiempos. En diez se aprobó la ley que intenta bloquear un eventual segundo llamado al canje de bonos en default, una iniciativa que el ingenio popular ya bautizó "ley cerrojo".

La presentación de la ley como una suerte de límite infranqueable pudo surtir, al menos en el corto plazo, su efecto en el mercado local, con importantes mejoras en los activos bursátiles.

Sin embargo, sus alcances se tornan más que difusos fuera de los límites del Estado argentino e incluso dentro de él, si se tiene en cuenta la tradicional falta de apego a las normas y los abruptos cambios en la legislación a los que se sometió a la ciudadanía en repetidas ocasiones.

Esa preocupación ha sido planteada por estos días por la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default en un afiche. "Los gobiernos desde 1983 han sido tan legítimos como el actual", señala la organización, para luego preguntar: "Si este gobierno discrimina la deuda que ellos emitieron ¿qué impedirá que futuros gobiernos hagan lo mismo con lo que esta administración emite?"

La pregunta excede las habituales chicanas que suelen esgrimirse entre dos partes enfrentadas. Recoge una preocupación generalizada y fresca, ya que la trampa de la intangibilidad de los depósitos tiene poco más de tres años.

De ella pueden dar fe centenares de miles de personas que confiaron su dinero con la tranquilidad de estar resguardados por una poderosa cobertura legal, que duró lo que las autoridades de turno quisieron que durase.

El riesgo de que ello vuelva a ocurrir no desaparecerá con la ley cerrojo y así lo entendieron en el gobierno italiano, desde donde se respondió con un razonamiento obvio. "Una ley se deroga con otra ley", advirtieron, con la lógica de los desconfiados.

Algunos legisladores intentaron despegarse de su responsabilidad al argumentar que "este es otro gobierno". Una oportuna amnesia les impide recordar que fueron muchos de ellos quienes aprobaron la Intangibilidad a fines de 2001 y la suspendieron a principios de 2002, a través de un simple artículo de la ley de emergencia económica.

En el medio pasaron por la Casa Rosada Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Los cambios de nombres en el Parlamento, tras la renovación parcial de diciembre de 2001, no aportaron modificaciones de fondo, más allá de la identificación con el Ejecutivo tras el cambio de signo partidario.

Lo que permanece inalterable es la desconfianza y la inseguridad de la población.