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 domingo, 16 de enero de 2005  
Truchada. El Ejecutivo se basó en un artículo que creaba un cargo no aprobado
Se complica el escándalo en Baigorria
La Municipalidad denunció penalmente al Concejo por intentar hacerle promulgar una resolución adulterada

Marcelo Abram / La Capital

Granadero Baigorria.- Una nueva denuncia penal, esta vez del Departamento Ejecutivo contra el Concejo Municipal, se sumó al escándalo en el órgano legislativo después de que se descubriera una resolución distinta a la que los concejales habían aprobado en la sesión preparatoria de noviembre pasado.

En esta oportunidad, y con la firma de su apoderado Armando De Martín, la Municipalidad presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción de la 4ª Nominación de Rosario, a cargo de Eldo Juárez, acusando al cuerpo por "haber ingresado por Mesa de Entradas una resolución adulterada" después de aquella reunión.

La resolución cuestionada es la 036/04, que se debatió durante la sesión preparatoria del año pasado y mediante la cual los concejales la aprobaron con el contenido de ocho artículos, que básicamente además de designar a las nuevas autoridades del cuerpo y las comisiones, nombraba a Agustín Bruera como secretario y a Mariano Constabel como prosecretario a partir del 10 de diciembre de 2004.

Sin embargo, a la Mesa de Entradas de la Municipalidad llegó para su promulgación otra resolución con el mismo número pero con nueve artículos, uno de los cuales -el cuarto- está destinado a nombrar como secretario legislativo (cargo que no existía) a Gerardo Nicolorich, un empleado municipal que hasta hace poco prestaba funciones en el Concejo.

La irregularidad quedó al descubierto cuando la concejala Irma Catania solicitó una copia de esa resolución para tramitar la renovación de su licencia como docente, constatando así que estaba en presencia de un documento adulterado.

El hecho motivó una sesión extraordinaria donde, entre otras cosas, se decidió ir a la Justicia para que se investigue la posible comisión del delito de falsificación de instrumento público.

Ante esta situación, el municipio decidió denunciar penalmente al Concejo por haber ingresado una resolución adulterada, mencionando como elemento probatorio al artículo 4 que designa a Nicolorich en el cargo de secretario legislativo.

Tal como informara La Capital, la parte denunciante hace referencia a los distintos intentos fallidos del justicialismo para incorporar como personal político del cuerpo al empleado en cuestión, que fueron vetados por el Ejecutivo y votados en contra por los tres concejales radicales.

Este no resulta un dato menor, ya que el Concejo tiene seis ediles, tres justicialistas y tres radicales, y para nombramientos o remociones de personal se necesitan por lo menos cuatro votos (mayoría absoluta), algo que nunca estuvo presente en los tratamientos que el PJ quiso imponer sobre la situación de Nicolorich.

En ese sentido, la denuncia de la Municipalidad reza textualmente: "El motivo, fin o propósito de falsificar una resolución no fue otro que lograr que el Departamento Ejecutivo le pagara un sueldo como secretario legislativo del Concejo a Gerardo Nicolorich".


Otra de concejales
Lejos de hacer caso al repudio que provocó en la ciudadanía el año pasado, cuando tomó estado público la intención de los ediles de obtener un aumento del 25% en sus dietas, junto a una suma fija de 800 pesos para gastos reservados.

Este año todo parece indicar que los legisladores parecen no haber tomado debida nota de la opinión popular y esta vez volvieron sobre sus pasos, aunque con una cifra un poco menor. Así quedó evidenciado cuando en el Concejo apareció una resolución ad referéndum, con la firma de cuatro ediles, en la que se aumentan las dietas en una cifra de 500 pesos, elevándola a 3.300 pesos, pero desde el Ejecutivo ya adelantaron que la van a vetar.
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La Municipalidad quiere despejarse del revuelo político causado por los ediles.

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