El peronismo debió apelar al voto de radicales y de otras fuerzas

Con mucho esfuerzo, el Senado avaló el pliego de Carmen Argibay

Con 42 votos a favor y 17 en contra, se convertirá en la segunda mujer que integra la Corte en democracia

En una ajustada votación, el Senado dio acuerdo ayer al pliego del Poder Ejecutivo mediante el cual propone a Carmen Argibay como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ocupar la vacante producida por la renuncia del ya fallecido Guillermo López. El pliego de Argibay fue aprobado por 42 votos afirmativos y recibió 17 voluntades negativas, con lo que se alcanzaron los dos tercios necesarios de los senadores presentes exigidos por la Constitución nacional.

La aprobación del pliego se consiguió gracias a que algunos de los senadores peronistas que pensaban rechazarlo se retiraron del recinto en el momento de la votación. El oficialismo consiguió así que bajara el número de votos necesarios para aprobar la designación.

Es que para imponerse en la votación las autoridades del bloque peronista realizaron gestiones durante toda la jornada para intentar doblegar el número de los senadores que votarían en contra, o al menos para convencerlos de que no asistieran a la sesión.

En este sentido, facilitaron la estrategia oficialista los senadores justicialistas María Castro y Rubén Mera, de Santiago del Estero; Luis Martinazzo, de San Juan, y Celso Jaque, de Mendoza, quienes se quedaron en sus despachos mientras en el recinto se votaba la ley.

Además, los formoseños justicialistas José Mayans y Elva Paz, y la sanjuanina Nélida Martín, quienes también habían anticipado sus votos negativos, no concurrieron al Senado durante la sesión.

El bloque peronista consiguió imponerse en la pulseda con el aporte de 25 de los 41 senadores que integran su bancada. La pérdida del resto de los votos la compensó con la convergencia de nueve votos radicales y de ocho de los representantes de otros partidos.

Los senadores del PJ que se manifestaron en contra de la designación de Argibay fueron Eduardo Menem y Ada Maza, de La Rioja; Liliana Negre y Raúl Ochoa, de San Luis; Rubén Marín y Silvia Gallego, de La Pampa; Ramón Saadi, de Catamarca; Laura Cresto, de Entre Ríos, y Antonio Cafiero, de Buenos Aires.

El voto de Cafiero generó una duda en el resultado de la votación porque pese a se había manifestado en contra de la postulación de la jueza su voto apareció como positivo. Inmediatamente, aclaró que se equivocó al apretar la tecla y la corrección fue aceptada por el plenario de la Cámara.

La dualidad entre los discursos en el recinto y las votaciones posteriores del senador Cafiero no son novedosas. Una situación poco coherente mostró también cuando se aprobaron los otros dos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo: el de Eugenio Zaffaroni (voto a favor) y el de Elena Highton (voto en contra), aunque con discursos bastante similares.

Los otros ocho votos negativos los aportaron los radicales Jorge Agúndez, de San Luis; Carlos Prades, de Santa Cruz; Fabiana Lescano, de Formosa, y los provinciales Delia Pinchetti y Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana de Tucumán; Nancy Avelín, de Cruzada Renovadora de San Juan; Pedro Salvatori, de Movimiento Popular Neuquino y Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta.

La sesión comenzó cerca de las 13 tras una laboriosa negociación entre el justicialismo y los radicales para destrabar la realización de la sesión dado que la UCR reclamaba la aprobación de un proyecto en desagravio de Raúl Alfonsín, aunque luego se conformó con las aclaraciones de que la opinión de Carlos Kunkel no representaba al gobierno (ver aparte).

Pero no fue la única complicación que afrontó el oficialismo en el primer tramo de la sesión ya que se recibió un reclamo de los senadores Eduardo Menem y Liliana Negre por la limitación para que puedan acceder los militantes católicos a observar el debate desde los palcos.

El titular de la comisión de Acuerdos, el peronista riojano Jorge Yoma, destacó que se "recibieron 96 adhesiones correspondientes a entidades del derecho, de Universidades" y hubo "2.475 impugnaciones, de las cuales el 98 por ciento son en cadena suscripta por ciudadanos mayoritariamente provenientes de las provincias de San Luis, Mendoza y, en menor medida, de San Juan".

En defensa de Argibay, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner recordó que en 1990, el entonces presidente Carlos Menem envió al Senado "la postulación de cuatro jueces para ocupar la Corte en un proyecto en el que ni siquiera constaban los antecedentes".

Además, la senadora criticó a los defensores intransigentes de las posiciones de la Iglesia al expresar que "en nombre de la fe y de los dogmas se han cometido atrocidades en la humanidad".

Argibay fue resistida por militantes católicos.