Descubren que en el Pami de San Martín no daban de baja a los jubilados fallecidos

Los nuevos funcionarios bonaerenses denunciaron compras de drogas con un 50 por ciento de sobreprecio

La dirección del Pami en la ciudad bonaerense de San Martín detectó que los jubilados fallecidos no eran dados de baja del padrón de afiliados según consta en la mayoría de los expedientes de gastos por sepelios adeudados por el organismo.

A esta irregularidad, que puede haber contribuido a inflar el número de sepelios contratados en la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín, se suma que algunas empresas fúnebres que operan en la zona emitían facturas que incumplían las normativas fiscales vigentes, en tanto que la Asociación de Servicios Fúnebres suscribía al Pami recibos irregulares, señala un informe reservado.

La gravedad del caso es tal que los funcionarios de la nueva gestión a cargo de Julio Urien -designado por Graciela Ocaña- recibió amenazas a través de varias llamadas telefónicas que no intentaron ocultar su origen.

Según el informe, la operativa de sepelios se había organizado en la agencia Munro, a cargo de Juan Fernández, a quien las fuentes señalaron como familiar de la diputada justicialista Graciela Camaño. Allí se centralizaba la contratación de servicios fúnebres hasta que fue desplazado por Urien a otro destino, sin tareas de responsabilidad.

En Munro, desde marzo de 2003, prestaban servicio dos personas que no pertenecían a la planta de la obra social de los jubilados ni mantenían ningún tipo de relación laboral con el Instituto, aunque estaban destinados a la tarea administrativa del área de sepelios.

El colmo de la irregularidad se verificó al detectar que la agencia había sido equipada por la Asociación de Empresarios Fúnebres de la provincia de Buenos Aires, es decir, el prestador había montado una oficina propia dentro del Pami.

Desde allí surgieron las primeras presiones a la gestión. Los empresarios fúnebres reaccionaron al cambio de situación con "acciones intimidatorias y amenazas personales" a los nuevos funcionarios ante quienes alegaron "demoras en los pagos".

En ese sentido, Urien señaló que la presión es "absolutamente injustificada, ya que se están regularizando los pagos" y sugirió que la actitud de la Asociación estaría ligada a "intereses políticos".

"Vamos a transformar el Pami o morir con las botas puestas", remarcó Urien al explicar los objetivos de la gestión. En ese sentido, el funcionario informó que además de Fernández, fueron desplazados el jefe de compras de la UGL, José Cagnin; y el coordinador de Prestaciones, Pedro Armentano, también familiar de la diputada Camaño.


Compras con sobreprecio
Por otra parte, Urien señaló que en el área administrativa se comprobó la falta de sistema informático y de registro de compras y de proveedores, un atraso de seis meses en las rendiciones de cuentas de la delegación y la inexistencia de precios testigo, lo que permitió la compra de algunos medicamentos escenciales para los jubilados con un sobreprecio de alrededor del 50 por ciento.

En relación con el personal, se verificó un ausentismo cercano al 25 por ciento y la utilización de recursos del Instituto con objetivos políticos.

Según el informe señalado, en esa oficina reinó durante años una "anarquía administrativa" que impidió cualquier intento de control racional de su funcionamiento, al punto que no hay manera de localizar ni siquiera las denuncias realizadas por los afiliados.

En ese sentido, las nuevas autoridades del Instituto revelaron que se abrió el registro de proveedores a todos los laboratorios, droguerías o farmacias que quieran participar en el suministro de insumos al Pami.

De la Unidad de Gestión Local de San Martín dependen 9 delegaciones de la obra social de los jubilados: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tres de Febrero y San Martín. En total, son 232 mil los afiliados.

Urien asumió la dirección ejecutiva de la unidad de San Martín el 18 de febrero último con una veintena de funcionarios que ocuparon cargos en la nueva gestión. (Télam)

Graciela Ocaña, titular del Pami.