Provincias reciben más por fondos específicos que por coparticipación

Un informe privado revela la grave distorsión existente en la asignación de los recursos federales

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires recibieron el año pasado más dinero por un conjunto de treinta y dos fondos específicos de diferente naturaleza que por el propio régimen de coparticipación, lo que pone de manifiesto las distorsiones operadas sobre las relaciones fiscales federales en los últimos quince años, según un informe privado.

La sucesión de los denominados parches poco después de sancionada la ley de coparticipación en 1988 es la consecuencia de las disputas entre la Nación y las provincias, a veces entre estas últimas entre sí), que se intentaron resolver transitoriamente con aportes y recortes adicionales que terminaron de conformar una verdadera coparticipación paralela.

A medida que avanzaron los parches, especialmente desde 1991 en adelante, el régimen de coparticipación comenzó a ser rodeado por fondos especiales, cada uno con diferentes criterios de reparto y con distintos status jurídicos. A veces leyes, otras decretos, también actas complementarias y hasta un decreto reservado cuyo texto no figura en el Boletín Oficial.

De esa forma, la coparticipación propiamente dicha pasó a representar entre el 60 y el 70 por ciento de las transferencias totales de la Nación a las provincias. Pero los fondos específicos siguieron su avance, de la mano de cada reunión de un gobierno nacional con los provinciales. Los acuerdos a los que se arribaron en cada caso se fueron acumulando hasta llegar a la situación actual, en la que la coparticipación representa el 49,47 por ciento del total de las transferencias.

El Parlamento tiene la oportunidad de resolver esta maraña de transferencias con el inminente debate de una nueva ley de coparticipación, aunque el anteproyecto oficial muestra sólo avances parciales al respecto, ya que mantiene dos regímenes específicos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y crea un fondo de equidad social del que no se conocen precisiones en cuanto a los mecanismos de distribución.

La confusión acerca de cuánto es lo que realmente se distribuye entre las provincias y la Nación es uno de los obstáculos principales para llevar a cabo un debate parlamentario, ya que cada legislador podrá priorizar diferentes argumentos para defender posturas opuestas, sin que quede en claro cuál de las dos posiciones es la correcta.

Por ejemplo, si la ley 23.548 dispuso que las provincias reciben por coparticipación federal de impuestos el 57,36 por ciento de la masa total de recursos a distribuir, la realidad indica que les llega el 46 por ciento, según la investigación realizada por la consultora Economía & Regiones, que dirige Rogelio Frigerio.

Asimismo, el año pasado las provincias percibieron 13.142 millones de pesos por el régimen de coparticipación, pero en realidad embolsaron 26.566,05 millones de pesos por el total de transferencias.

Es probable, entonces, que en las discusiones algunos se valgan de los porcentajes señalados en primer término para argumentar que las provincias están siendo perjudicadas y otros aseguren todo lo contrario exhibiendo las cifras del párrafo siguiente.

Pero esos no son las únicas anomalías: los porcentajes de distribución secundaria que figuran en la ley 23.548 de coparticipación no serán de mucha utilidad en el debate, porque ninguno de los 24 distritos recibió en los últimos años lo que la ley asegura que deben recibir.