"Queremos repatriar los restos de mi esposa para poder sepultarla"

Insólita derivación internacional del trágico accidente de Chajarí

Desde la ciudad italiana de Torino, el esposo y la hija de una de las 17 víctimas del choque entre un microy un camión cargado de garrafas denuncia a la Justicia argentina por la demora en identificar los restos

Sergio M. Naymark / La Capital

Las derivaciones del trágico accidente carretero ocurrido a fines de octubre pasado cerca de la ciudad entrerriana de Chajarí, cuando como consecuencia de la colisión entre un micro de turismo y un camión cargado con garrafas murieron calcinadas 17 personas, están a punto de plantear una cuestión de Estado. Es que entre los pasajeros del tour había dos matrimonios italianos y las dos mujeres murieron calcinadas. Los restos de una de ellas, María Luisa Quaini, fueron entregados a sus familiares sin ser identificados y bajo el rótulo de NN. Los de la otra, María Isabel Muratore, al igual que el de otros tres infortunados pasajeros del tour, hasta el momento no fueron legalmente identificados y entregados a sus familiares. Por ello, los deudos hicieron una denuncia pública a través de medios de comunicación de Italia y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país donde pusieron de manifiesto la lentitud de la Justicia argentina y la falta de apoyo del Consulado italiano en Rosario. Los ecos de esos reclamos llegaron a oídos del canciller argentino, Rafael Bielsa, quien según trascendió se comprometió a intervenir.

En octubre de 2003 Flavio Basso y María Isabel Muratore llegaron desde la ciudad de Torino a la Argentina con la intención de conocer las Cataratas del Iguazú. Se establecieron en la casa de un familiar en la localidad de Capitán Bermúdez y la tarde del 26 de octubre se embarcaron en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno en un tour con destino a Foz do Iguaçu. El micro de la empresa P-Tak había partido desde San Nicolás, hizo una escala en Rosario, donde cargó a varios pasajeros, y continuó rumbo al límite noreste del país. En la madrugada del día 27, en el cruce de las rutas nacional 127 y provincial 2, en cercanías de la ciudad entrerriana de Chajarí, colisionó violentamente contra un camión cargado de garrafas.

Entonces se desató la tragedia. Primero los envases de gas se dispararon como armas, destruyendo la carrocería del colectivo. Después empezaron a estallar convirtiendo la escena en un dantesco infierno.

El colectivo llevaba dos choferes, un coordinador y 53 pasajeros, según la lista que la empresa presentó ante la Justicia entrerriana y que consta en el expediente al que tuvo acceso La Capital. El primer balance de la tragedia arrojó un total de 17 muertos. Entre esas víctimas estaba la italiana María Muratore, en tanto su esposo sufrió graves heridas que lo postraron algo más de un mes en un sanatorio privado rosarino y poco después pudo regresar a Italia en compañía de su hija Simona, quien viajó al país para asistir a su padre e intentar llevar con ellos los restos mortales de su mamá.


Imágenes kafkianas
Salvo dos de las víctimas de la tragedia, el resto de los cuerpos (entre ellos el de Muratore) quedaron calcinados, desmembrados e irreconocibles. Por eso, la tarea de identificación de los mismos resultó un farragoso trámite que aun no llegó a su fin.

Es que desde el primer momento del hecho quedó al desnudo la desorganización y falta de infraestructura existente en aquel paraje entrerriano para hacer frente a una catástrofe como la ocurrida. Prueba de ello fue la tarea de los socorristas: a nueve días del accidente y en ocasión de remover el esqueleto calcinado de los vehículos, recién hallaron el último de los cuerpos. Incluso, en aquel momento se supuso que correspondía al chofer Sixto Peón, ya que cerca del cuerpo se halló su DNI. Pero a ese hombre sus familiares ya lo habían enterrado en San Nicolás. El 9 de noviembre una pericia criminalística echaría por tierra esa suposición al sostener que no se correspondía con la ficha dactiloscópica del conductor.

Las desinteligencias siguieron en la morgue de Concordia, donde desde el mismo día del accidente se agolparon familiares de las víctimas para reclamar la entrega de los cuerpos que llegaban en negras bolsas rotuladas con fríos números y como rompecabezas a medio armar. En aquella ocasión sólo dos familias pudieron concretar su objetivo. Los cadáveres de los pasajeros Guido Gobbo y Andrea Olivera fueron los únicos posibles de identificar claramente.

A todos los demás se les extrajeron muestras de tejidos con el fin de realizar exámenes de ADN que permitieran su identificación. Pero esas muestras durmieron en "condiciones no aptas para su preservación", según testimonios de profesionales que estuvieron en el lugar, hasta no hace muchos días. Entonces, el juez de Instrucción de la causa, Edgardo Ramón Redruello, autorizó su envío al Instituto de Estudios Genéticos de Paraná para que se concretaran los análisis comparativos.

Mientras tanto, en los días siguientes al accidente, otros diez cuerpos fueron entregados a sus deudos. Pero todos ellos con partidas de defunciones NN y a partir de la identificación macroscópica que esos mismos familiares pudieron hacer a partir de mínimos rasgos, restos de prendas de vestir, alguna alhaja o las fichas dentales de los muertos. Así ocurrió, por caso, con la joven Lorena Garay, sepultada en Granadero Baigorria como NN, y con la otra pasajera italiana, María Quaini, enterrada en el cementerio El Salvador de Rosario como NN.


Reclamo desde Italia
A pesar de esos avances, hasta ayer permanecían en una heladera comercial de la morgue de Concordia y bajo condiciones irregulares cuatro bultos con restos cadavéricos sin identificar. Entre ellos, los de María Muratore. "La única cosa que quiero es repatriar a casa a María y poder sepultarla donde están sus seres más queridos", sostuvo Flavio Basso al diario La Stampa de Torino, la ciudad donde reside y desde donde lucha no sólo contra la burocracia sino también contra las secuelas del accidente: una profunda cicatriz en la frente, varias lesiones y el talón reconstruido tras una operación en el sanatorio Laprida de Rosario.

El pasado lunes, La Stampa publicó una nota titulada "Muerta en Argentina, sus restos están todavía en la morgue" (ver ilustración). En el texto, Flavio -ex trabajador de la Fiat de 55 años- puso de manifiesto lo difícil que le resulta vivir con el dolor de no poder sepultar a su mujer. "Es terrible saber que tu esposa está muerta a miles de kilómetros y no podés enterrarla", dijo.

En tanto, su hija Simona recordó que el 20 de noviembre de 2003, cuando estaba en la Argentina asistiendo a su papá, le extrajeron una muestra de sangre en Concordia para cotejar con el ADN de su madre y así poder reconocer y trasladar el cuerpo ya que los métodos tradicionales resultaron infructuosos, pero nunca supo que pasó con ese análisis. Y sostiene que "en enero envié otra muestra a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, a quien interiorizamos de la situación y le pedimos directa intervención". Pero ese reconocimiento de ADN aún está demorado.

En tanto, el caso llegó a la Cancillería argentina. El viernes pasado el ministro Bielsa se comunicó con el representante de la familia Basso en la Argentina, el abogado Marcelo Scalona, para anunciarle que tomará cartas en el asunto prioritariamente.

En ese marco, y en la misma nota periodística, Flavio y Simona pusieron de manifiesto su "fastidio" al entender que en Italia "parece que hay ciudadanos de serie A y de serie B" y remarcaron el "poco apoyo" recibido por las autoridades del Consulado de Italia en Rosario. Sin embargo, el encargado de la misión diplomática respondió que "la culpa no es sólo del Consulado" y argumentó que "la Justicia argentina es demasiado lenta, sin olvidar que enero es como nuestro agosto, un mes de feria. Puedo asegurar que tanto yo como mis funcionarios estamos siguiendo el caso dentro de los límites correctos" y se comprometió a "solicitar al juez que apure la resolución de la investigación".

GENTILEZA DIARIO UNO DE PARANA.