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 domingo, 07 de septiembre de 2003

Prisión con precio. Un motín de presos puso al desnudo graves irregularidades
Denuncian una red de corrupción en el penal de la ex Jefatura de Policía
Familiares de detenidos revelan que existe una celda VIP, donde los internos pagan una "inscripción" de 500 pesos y una cuota mensual de 150

Un motín se desató al mediodía de ayer en un pabellón de la alcaidía de la ex Jefatura de Policía cuando al finalizar el horario de visita unos 20 presos tomaron de rehén a un custodio y cubrieron con colchones la reja de entrada a ese sector. El conflicto se resolvió en forma pacífica luego de tres horas de negociación con un mediador de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) ante miembros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Accediendo a un pedido de los mismos detenidos, una cámara de televisión filmó cómo siete de ellos eran trasladados a comisarías de la ciudad y registró una denuncia de los internos acerca de que "los guardias venden a diez pesos dos cajitas de vino" cuyo envase exhibieron con los brazos en alto. Afuera, familiares de los presos dieron sustento a esa acusación al detallar con precisión numérica el presunto negocio montado en torno al manejo de detenidos. El conflicto desnudó así, en términos de los familiares, la existencia de una celda VIP con beneficios exclusivos para quienes abonan una cuota regular; la venta de mercadería a los internos, el derecho a visitar a sus parientes fuera de horario y e incluso la posibilidad de gozar de salidas que tendría garantizada todo aquel preso que abone una inscripción de 500 pesos y un alquiler de 150 pesos mensuales.

La revuelta comenzó a las 12.30 en el segundo piso de la alcaidía, en el sector que se perfila hacia el cruce de Moreno y Santa Fe. El penal que funciona en la torre que se levanta en el centro de la manzana de la actual sede de la Gobernación, con acceso por San Lorenzo, contiene en total a unos 120 presos. El amotinamiento tuvo lugar en un pasillo común a los pabellones A-2 y A-1, del segundo piso.


La protesta y la negociación
Quienes se amotinaron fueron los presos que ayer no recibieron visitas como resultado de una medida disciplinaria. El resto de los detenidos recibió a sus familiares como lo hace habitualmente en el horario de los sábados, de 9 a 12, previsto para las visitas masculinas. Cuando los familiares se estaban por retirar del recinto, los internos llamaron al guardia para que los dejaran salir y la situación fue aprovechada por los autores de la revuelta para tomar como rehén a un guardia uniformado de unos 50 años, canoso, de bigote y anteojos, según la descripción de los familiares que presenciaron el inicio del motín y por poco quedan atrapados en la celda.

"De golpe escuché que decían «salgan, salgan, salgan» y que por la espalda me empujaban con colchones", relató Pedro Juárez, de 63 años y padre de un joven detenido por robo que iba a recuperar la libertad el martes próximo. El hombre pudo ver cómo los internos se preparaban para la protesta cubriéndose los rostros con pañuelos. La posibilidad de que ayer se produjera un motín no era ignorada por la decena de familiares que aguardó impaciente la resolución del conflicto. "Esto se veía venir", dijeron antes de desgranar un rosario de quejas y puntos de choque con el personal policial, además de denunciar conductas que bordean el delito de parte de los guardias.

Al ser retenido, el policía cayó al piso y fue arrastrado hasta una celda donde permaneció las tres horas de negociación hasta que lo liberaron sin ningún tipo de lesiones. Otro agente vestido de civil que lo había acompañado a cerrar la puerta zafó de que lo atraparan y retiró del lugar a las visitas, "corriendo, a los golpes y a los revolcones", según Juárez, quien vio cuando otros policías subían munidos de itakas y gases lacrimógenos. Enseguida la custodia del edificio fue reforzada con personal del Comando Radioeléctrico y el Cuerpo Guardia de Infantería. Una autobomba de bomberos acudió ante el temor de que los internos encendieran colchones, pero se retiró enseguida.

La primera exigencia de los detenidos fue la presencia del juez de turno (Luis María Caterina) quien no se presentó porque una acordada de la Corte impide a los magistrados participar de tomas de rehenes. Al frente de la negociación estuvo el segundo jefe de la TOE, subcomisario Cristian Sola.

Los reclamos puntuales de los detenidos fueron el "acercamiento familiar", la no suspensión de las visitas, la agilización de las causas judiciales y la investigación del comercio de mercaderías dentro del presidio. También pidieron la presencia de la CTC y de las cámaras de Canal 3 para filmar el momento en que parte de ellos fueran trasladados y así garantizar que no sufrirían represalias. A las 14.15 ingresaron Carmen Maidagan y Lilian Echegoy, de la CTC, quienes luego acompañaron a los siete presos que fueron trasladados a distintas comisarías. Un médico de la sección Medicina Legal constató que cinco de esos presos presentaban huellas de golpes.


Anuncian investigación
La situación se descomprimió con la promesa de traslados y de reestablecer el régimen de visitas. El policía fue liberado sano y salvo, aunque a causa de la tensión nerviosa acumulada sufrió un desmayo a poco de abandonar la celda. "Estoy bien, no me pegaron", dijo antes de desvanecerse y recibir inmediata atención médica de los médicos forenses presentes desde el comienzo en el lugar.

"La negociación fue buena y rápida. Había un líder que manejó bien la situación. Se concedió la presencia de representantes de derechos humanos y se dispusieron traslados", sostuvo Sola en una improvisada conferencia de prensa que brindó el jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Luis Pogliese, cuando el penal recobró la calma.

El jefe de unidad, por su parte, anunció que iniciará un sumario interno con intervención de la División Judiciales de la policía y del juez Caterina para investigar la grave denuncia de los presos. Pogliese reveló además que el desencadenante del conflicto fue una sanción dispuesta por el jefe de la alcaidía, Bernardino Andrade, contra un grupo del pabellón A-2 que el jueves pasado incurrió en una "inconducta" al insultar a los celadores.

"Los presos denunciaron que los policías les venden dos cajitas de vino a 20 pesos y que no dejan entrar a las visitas. Hay tres de ellos que tienen profundas marcas en la espalda de golpes con bastones", reveló el periodista Amoroso al retirarse del penal. Ese presunto negocio es sólo una parte de lo denunciado por los familiares que aguardaban fuera del penal, muchos de los cuales pidieron reserva de sus nombres porque temen que sus parientes presos sufran las represalias.



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Familiares de detenidos plantearon sus denuncias.

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