Acorralados. Ocho ex jerarcas militares pasaron ayer por los Tribunales

Francia también quiere a Astiz

El ex marino, único represor con pedido de extradición de varios países, fue condenado a perpetua en París en 1990

Alentado por el cambio de rumbo del gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos, Francia volverá a la carga para conseguir la extradición de Alfredo Astiz, uno de los 46 represores que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó detener a instancia de su par español Baltasar Garzón.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia francés, a cargo de Dominique Perben, hizo saber que pedirá a la Argentina que extradite a Astiz, uno de los represores detenidos anteayer.

Tras felicitar al gobierno argentino por haber arrestado a Astiz (uno de cuyos nombres de guerra era Angel Rubio), Perben recordó que el ex marino "fue condenado en rebeldía en París, en 1990, a la pena de reclusión criminal a perpetuidad por el asesinato de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y que desde entonces es objeto de una demanda de arresto por parte de Francia".

En julio del 2001, España, Italia y Francia solicitaron la extradición de Astiz (el único represor cuya captura fue solicitada por más de un país), pero el gobierno de Fernando de la Rúa lo negó promulgando un decreto que prohibía las extradiciones de genocidas reclamadas por la Justicia de otros países. Esa resolución fue derogada anteayer por Kirchner.

El juez español Baltazar Garzón solicitó la extradición de Astiz en 2001 junto con la de otros casi 90 represores en una megacausa que llevó a De la Rúa a promulgar su cuestionado decreto antiextradiciones. La Justicia italiana requirió la detención del ex marino, para solicitar luego su extradición, ya que le imputa responsabilidad en la desaparición de Giovanni y Susana Pegoraro (estaba embarazada y dio a luz en la Esma) y de Angela María Aietta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo.

La Justicia francesa lo reclama por los casos de las monjas desaparecidas en Buenos Aires y la de Suecia por la desaparición de la joven de esa nacionalidad Dagmar Hagelin. Todas estas solicitudes no prosperaron porque Astiz estaba protegido por las leyes de obediencia debida y punto final.

El Angel Rubio tiene hoy 50 años. Durante la dictadura consiguió infiltrarse en un grupo de mujeres que acabaría convirtiéndose en las Madres de Plaza de Mayo y colaboró en el secuestro y la desaparición de algunas de ellas, lo mismo que hizo, en 1977, con las religiosas francesas y la joven sueca.

Ayer el juez Canicoba Corral hizo llevar a Tribunales a ocho de los ex militares del Ejército detenidos a fin de notificarlos sobre el pedido de detención reclamado por Garzón, quien los investiga por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Paralelamente, en Tucumán, efectivos de la Policía Federal detuvieron al comisario principal retirado Roberto el tuerto Albornoz, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia durante la década de 1970, cuyo arresto fue solicitado por Canicoba Corral.

Los ex militares que pasaron ayer por Tribunales fueron Antonio Domingo Bussi, Albino Zimmerman Theler, Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Luciano Benjamín Menéndez, Julio César Coronel, Augusto Leonardo Neme y Héctor Mario Schwab.

El juez anticipó que "de acá al lunes (por mañana) complementaremos las nóminas, evaluaremos las situaciones particulares y empezaremos a notificar a la Cancillería para que le haga llegar a Garzón" las novedades. Luego explicó que "a partir de ahora cualquier trámite tiene que ser de Cancillería a Cancillería".

El magistrado subrayó que "en principio, la mayoría (de los ex militares) ha colaborado, se ha presentado ante la fuerza (a la que pertenecen), ante el requerimiento (de la Justicia)". Los detenidos se encuentran alojados en dependencias castrenses a disposición del tribunal, donde estarán por lo menos 40 días, el plazo que tiene Garzón para solicitar las extradiciones.

Asimismo, Canicoba aclaró que Bussi "no goza de ningún tratamiento especial" ni "tampoco tiene fueros" por ser intendente electo de San Miguel de Tucumán (ver página 4). Luego detalló que de las 46 personales requeridas originariamente por Garzón (45 militares y un civil), "hay dos fallecidos, siete detenidos por otros procesos a disposición de otros magistrados y otros seis o siete que están imposibilitados de trasladarse de su domicilio, pero ya están sometidos a jurisdicción".

Agregó que sólo "faltan cinco personas de las cuales una sabemos que está prófuga que es (el ex marino de la Esma Jorge) Vildoza, y lo colijo porque también está prófugo en otras causas y respecto de las otras cuatro se están cumplimentando las medidas. Estimamos que hoy (por ayer) van a estar a disposición de la autoridad". La detención de Albornoz se produjo horas después.

Fuentes judiciales precisaron que varios detenidos solicitaron el arresto domiciliario, amparados en la ley que les autoriza a los mayores de 70 años cumplir prisión en su domicilio. El juez aún debe decidir sobre ello.

Por su parte, fuentes castrenses indicaron que los militares de la Armada que tenían orden de detención "todos se han presentado, al igual que los de la Fuerza Aérea, y que los que aún no se presentaron en su totalidad son del Ejército".

En tanto, desde el gobierno tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, defendieron la decisión de Kirchner de derogar el decreto que impedía las extradiciones de militares.

"La derogación del decreto de De la Rúa marca la vigencia plena de la Constitución, porque era abiertamente inconstitucional en cuanto a establecer una prioridad y un privilegio respecto al tratamiento de militares vinculados a hechos en la época de la represión", destacó Beliz.

Fernández sostuvo que con la derogación del decreto lo que hizo el Poder Ejecutivo "es no interferir en una decisión que debe ser estrictamente judicial".

Juan Carlos Trimarco reapareció en Tribunales.